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Luego del anuncio del Gobierno nacional de la construcción e implementación de más de 130 plantas y proyectos industriales hasta el 2025, el economista e investigador José Gabriel Espinoza advirtió una estrategia distractiva del Ejecutivo para desviar la atención en la restricción de proyectos grandes que sí tendrían impactos mayores en el país; el analista económico Martín Moreira destacó la iniciativa de sentar presencia del Estado en regiones productivas donde no se anima a participar el sector privado.

“Ante la incapacidad y la imposibilidad económica y técnica para impulsar este tipo de proyectos –que tienen impacto en la economía en general, como carreteras, proyectos de generación de energía eléctrica con energías alternativas, entre otros- el gobierno pareciera usar estas 130 fábricas como una cortina de humo para tratar de desviar la atención en la restricción de estos proyectos que sí tendrían impactos bastante grandes”, dijo Espinoza a ANF.

El presidente Luis Arce destacó la implementación de más de 130 plantas industriales en el país con una inversión de más de $us 3.600 millones con el objetivo de “crear
una economía de base ancha para la industria boliviana, en diversos rubros de la economía orientados a dinamizar y beneficiar a productores, artesanos, pequeños, medianos y grandes empresarios”.

Moreira destacó que el Estado “sí puede tener una incidencia en elevar la producción de ciertas regiones donde realmente no iba a haber inversión privada”.

Indicó que este tipo de industria -que tiene que ver con el procesamiento de alimentos- está generando una certificación de productos “en los lugares donde hay una incidencia que está poniendo el Estado”. Citó el caso de zonas productoras de cítricos o de frutas como la chirimoya.

También destacó, entre otros, la construcción de las plantas de zinc, que si bien, según dijo, no dejan muchas divisas por la venta del mineral en barras o láminas, “en la recuperación de sus compuestos como tierras raras, cobalto, níquel, entre otros, hay una subganancia”.

Para Espinoza un problema de inicio es la falta de información sobre las factorías, y no ve una estructuración dentro de un plan económico macro en el cual haya una intención de apoyar a un determinado sector o impulsar algún tipo de actividad particular, ya sea industrialización, exportación, desarrollo de nuevas cadenas de proveedores o la implementación de esquemas más grandes como el de la seguridad alimentaria o energética.

“Es mucho más lo que no se conoce sobre estas 130 fábricas que lo que realmente sabemos”, apuntó.

Además, dijo, se hace el anuncio en un momento en el cual el Gobierno tiene un serio déficit fiscal. “Hemos visto que hay una contracción muy fuerte de los recursos a los niveles subnacionales, recientemente lo hemos visto en las gobernaciones, pero las alcaldías vienen enfrentando una reducción de recursos ya desde hace varios años, muy agresiva”.

Cuestionó además que muchas de las factorías sean más microbeneficiadoras y nada comparables a las empresas estatales como Cartonbol, Papelbol, EBA, Emapa, con escalas mucho más grandes, y que “incluso con esa escala las empresas públicas han fracasado”.

“Las nuevas empresas públicas que planea abrir Luis Arce no son comparables a las que teníamos ya en el pasado, son mucho peores en términos de perspectivas de gestión y de tamaño por la pequeña escala a la que están apuntando”, refirió. 

El plan del Gobierno contempla plantas de transformación, centros de acopio y almacenamiento de papa; plantas piscícolas; plantas de almacenamiento y transformación de cereales; ampliación de plantas de procesamiento de lácteos; plantas de procesamiento de frutas; plantas de agroinsumos; centros de acopio y almacenaje de residuos líquido; plantas procesadoras de alimento balanceado; plantas procesadoras de carne y sus derivados; plantas de prefabricados de hormigón; refinería de zinc; planta industrial de carbonato de litio; entre otros.

Por departamento, el gobierno proyecta 30 plantas en La Paz, 10 en Oruro, 11 en Tarija, 22 en Cochabamba, 11 en Beni, 13 en Chuquisaca, 5 en Pando, 13 en Santa Cruz y 14 en Potosí.

“Pareciera ser más una estrategia de distracción que una política pública bien pensada, porque va por el hecho primero de la gran cantidad de empresas, en cerca de 16 años vimos 70 empresas públicas y hoy el presidente Luis Arce quiere duplicar ese número de empresas públicas, el habla de 130, pero evidentemente las escalas son considerablemente menores y obviamente con esto trata de llegar a una mayor base de personas, tratando de entregar una mayor cantidad de proyectos, pero mucho más pequeño y por lo tanto con menor impacto", apuntó.

Además, indicó que el Gobierno de Luis Arce mostró ser poco eficiente en relación a la gestión de Evo Morales y eso “obviamente pone en duda de lo que vaya a resultar de estas empresas públicas”. 

“Hoy por hoy tenemos empresas públicas que son deficitarias, pero que al menos tienen algún activo o capital con el cual van a poder responder por la inversión que se ha hecho en ellas, en cambio en estos nuevos proyectos es muy probable que ni siquiera lleguemos a implementar las empresas públicas”, remarcó.

Moreira indicó que efectivamente algunas empresas estatales como Papelbol o Cartonbol tuvieron problemas para iniciar e insertarse en el mercado, pero han ido generando ingresos y ahora tienen una perspectiva diferente. Destacó que en algunas empresas estatales el cambio de gerencia les resultó muy favorables, por lo que aboga por personal directivo de mayor destreza administrativa. 

"Yo también considero que se necesita mejores CEOs (Directores Ejecutivos) en las industrias, el Estado tiene que buscar a gerentes con mayor capacidad”, dijo y destacó la labor que viene realizando Jorge Alvarado, director ejecutivo de la empresa siderúrgica del Mutún.