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La Fiscalía debía presentar el 28 de enero la acusación formal contra el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, por las irregularidades en la compra de 41 ambulancia; pero solicitó un plazo que puede prolongarse por más de seis meses. El caso estalló a inicios del año pasado. Las juristas Magaly Castro y Gabriela Quintana López, quienes forman parte de la comisión de fiscales que investiga este caso desde hace más de un año, solicitaron al juez de la causa la ampliación de las investigaciones contra Ricardo R.S, y de ese modo postergar la acusación. “Es, aparentemente, un funcionario de la Gobernación, pero su nombre no figura en ningún obrado anterior y se ve una intención de dilatar el tema para que nos cansemos, para que la gente se canse y olvide del caso”, afirmó el asambleísta Jaime Flores. 

El legislador departamental, junto a la diputada Lissa Claros (CC) y Roxana Grass, dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), activó el caso en 2002 tras revelarse la compra de 41 ambulancias, una para cada municipio de la región, a proveedores del “mercado gris”. La autoridad está bajo arresto domiciliario, sin escolta y con la libertad de trabajo durante el día. La medida cautelar intentó ser desactivada en diciembre, pero luego fue repuesta. El Gobernador de Potosí pertenece a las filas del MAS y está siendo investigado por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las función pública y uso indebido de influencias. Tras la solicitud, el juez Omar Cardozo, segundo de instrucción penal, avaló el inicio de pesquisas contra el nuevo imputado, que aún no fue imputado. “Esto va a demandar más de seis meses, se vencerán otros plazos y el gobernador será favorecido”, dijo Flores. Javier Mondocorre, ejecutivo de la federación de campesinos de Potosí Tupac Katari, cuestionó la decisión de la justicia “porque hace quedar muy mal al Gobierno y al MAS”, pero admitió que hay otros sectores que respaldan a Mamani.