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El Congreso de Chile extendió, a solicitud del nuevo gobierno de Gabriel Boric, por 15 días más la presencia de militares en el norte del país, donde realizan labores de control ante la entrada irregular de migrantes por la frontera con Bolivia.

Esta es la segunda extensión del Estado de Excepción que permite la militarización en la zona norte, desde que fue decretada por el entonces presidente Sebastián Piñera (2018-2022) el 16 de febrero.

Piñera extendió la medida 15 días después, pero la segunda extensión, ordenada por el izquierdista Boric (2022-2026), debía ser aprobada por el Congreso. La Cámara de Diputados y Senadores votaron separadamente el miércoles en favor de esta medida, que estará vigente hasta el 1 de abril.

"Ojalá en 15 días más no tengamos que solicitar una (nueva) extensión. Pero si evaluamos el contexto difícil que es la crisis humanitaria que afecta al norte, pero que es un problema nacional, evidentemente vamos a tener que ponderar en ese momento una extensión", señaló Izkia Siches, ministra del Interior, tras la aprobación en el Congreso.

Miles de migrantes, principalmente venezolanos, cruzan a pie por inhóspitos pasos clandestinos hacia las provincias chilenas de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa (fronterizas con Perú y Bolivia). Algunos son abandonados a su suerte por los coyotes.

Muchos migrantes pobres se instalan a vivir en precarios campamentos en playas y plazas del norte chileno, lo que ha provocado la molestia en parte de la población local. En Iquique y otras ciudades se han registrado protestas en rechazo de la masiva presencia de extranjeros.

La medida permitió desplegar 672 militares y aumentó en 100 los policías para el control de esas fronteras situadas en zonas desérticas y montañosas.

Una nueva ley de migración permite a las autoridades chilenas "reconducir" a la frontera a todos los migrantes que hayan ingresado de forma irregular al país.

El Deber