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Relator de la ONU no encontró muestras ni pruebas de persecución política en el país

La visita del relator de la ONU, Diego García-Sayán, derrumbó el relato de persecución política esgrimido por actores de la oposición, la jerarquía católica y algunas instituciones.

hace 4 mese(s)

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Tras reunirse con dirigentes partidarios, familiares y abogados de Jeanine Áñez, el funcionario internacional estableció que ninguno de ellos pudo sustentar que existe acoso por razones políticas.  

“Se ha hablado de persecución política, yo no he tenido entrevistas con ninguna persona que me haya manifestado hechos que sustenten una persecución política; si hay otras situaciones que yo no he conocido, podría ser, pero en este caso yo no puedo responder con conocimiento de causa en sentido afirmativo a la pregunta que usted me ha hecho”, indicó el martes ante la consulta de los periodistas.

Esa declaración se produjo luego de que García-Sayán se reunió con dirigentes políticos como Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Luis Fernando Camacho, de Creemos; del denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) así como los familiares y abogados de la exsenadora Jeanine Áñez. Todos ellos, con distintos matices, sostienen la existencia de una “persecución política” a opositores.

A ese relato se suman instituciones como la jerarquía católica que, el 13 de marzo de 2021, pidió a “los poderes del Estado Plurinacional a desistir del control total del poder, de la revancha y la persecución”.

El 8 de febrero de este año, Carlos Mesa, en su cuenta de Twitter escribió que “el MAS habla de reforma de la justicia, y al mismo tiempo mantiene la mentira del golpe para justificar la persecución contra opositores”. Este miércoles reforzó su idea al asegurar que el informe del relator de la ONU confirmó que la justicia es usada presuntamente para “perseguir a los que piensan diferente”.

"Es una persecución política", dijo en esa misma línea el dirigente cívico cruceño Rómulo Calvo, acusado de incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de la profesión en la Caja Petrolera de Salud, donde cobró sueldos sin trabajar, según la denuncia.



Pese a esas y otras afirmaciones de que en el país existe persecución política, el relator de la ONU no encontró muestras ni pruebas que sustenten esas aseveraciones.

Por el contrario, García-Sayán puso énfasis en la urgente necesidad de encontrar justicia para los familiares de los 36 fallecidos en 2019, durante el régimen de Jeanine Áñez, gestión respaldada por actores políticos como Mesa, Camacho y otros.  

El funcionario internacional dejó en claro que lo que se busca no es venganza sino justicia.

“Yo la siento como una situación de abandono (de las víctimas de 2019) y de las necesidades de que los temas que ahí se han generado, en daños físicos, en daños a la salud y en las pérdidas de vidas de las 36 personas que han fallecido, es un asunto que debe resolverse ¡pronto y ya!”, manifestó.

“Creo que las respuestas que deberían de venir del Ministerio Público, tendrían que ser previamente reforzadas. No se trata, como en los demás casos tampoco de venganza sino de justicia”, recalcó García-Sayán.

Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), durante el régimen de Áñez se produjeron masacres y ejecuciones sumarias de manifestantes, todos ellos indígenas.


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