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El Tribunal 1º de Sentencia Anticorrupción de La Paz definió para el 28 de marzo el inicio del juicio oral contra la expresidenta Jeanine Áñez, el ex alto Mando de las Fuerzas Armadas y de la Policía por el caso denominado Golpe de Estado II.

Inicialmente, el 10 de febrero debía iniciarse la audiencia, sin embargo, fue suspendida ante una serie de objeciones de la parte acusada que demandaba, entre otras cosas, que sea presencial. Hubo incluso problemas de comunicación y desorden en las intervenciones.

Junto a Áñez se encuentran incluidos en el proceso el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, el exjefe del Estado Mayor, Flavio Gustavo Arce; el excomandante del Ejército, Pastor Mendieta. En el caso del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana,  Gonzalo Terceros, y el excomandante de la Armada, Palmiro Jarjury, que estaban en la acusación, decidieron admitir su culpa y someterse a un proceso abreviado. Ambos fueron sentenciados a tres años de cárcel aunque podrán beneficiarse con un perdón judicial y ser excarcelados.

El caso que se investiga es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes relacionado con la presunta irregular sucesión constitucional de la presidencia del Senado y la posterior Presidencia de Bolivia.

Según la defensa de Áñez, asumió el mando el país cumpliendo con todos los procedimientos de sucesión establecidos en la norma, pero los indicios de la Fiscalía señalan que en realidad asumió de manera ilegal vulnerando preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates del Senado. Fue la noche del 12 de noviembre de 2019 que asumió la Presidencia, dos días después de la renuncia del exmandatario Evo Morales, quien dimitió al cargo tras una serie de protestas y en medio de denuncias de un presunto fraude electoral, un motín policial y la sugerencia de renuncia de las Fuerzas Armadas.

El proceso será observado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia tras la suscripción de un protocolo que permitirá verificar la transparencia y el cumplimiento de los estándares internacionales. El objetivo es garantizar el debido proceso en Bolivia.

HUELGA

Áñez cumple 14 días de huelga de hambre “contra la ilegalidad y la injusticia”. En sus redes sociales denunciaron que no fue notificada con el reinicio del juicio, lo que  considera un abuso porque “no les interesa la verdad ni justicia, sino condenarla”.

Entre tanto, a través de una carta, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, le pidió suspender su huelga de hambre, pese a que antes le dijo que resista.

“Elevo nuestro pedido urgente de que suspenda la huelga de hambre en la que ha persistido exigiendo justicia no solo para usted, sino en nombre de todos los ciudadanos que sufren persecución y abusos por parte del aparato represor del régimen actual”, se lee.

Continúa señalando que su vida está en riesgo cada hora que pasa, “porque su actitud de resistencia provoca en el poder más injusticia y más violencia”.

Carvajal se suma a este pedido que hicieron los hijos de Áñez y representantes de organizaciones sociales y políticas bolivianas.