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La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (APDHT), a través de un pronunciamiento, exige restablecer el estado de derecho y el respeto a las garantías procesales constitucionales para  la expresidenta Jeanine Áñez y otros procesados en Bolivia.

"El abuso de poder de los gobernantes de turno pone entredicho el estado de derecho en relación con la expresidenta, detenida y encarcelada ilegalmente", señala el documento.

Agrega que los responsables por lo acontecido en los hechos sangrientos de Sacaba y Senkata deben ser juzgados, estableciendo las sanciones que correspondan, pero ese procesamiento no debe atropellar la Constitución Política del Estado (CPE).

Según la APDHT, en el caso de la expresidenta Áñez, debe tramitarse por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante el Tribunal de Justicia un juicio de responsabilidades como estipula la ley y la Constitución.

"El derecho a la libertad de expresión está constitucionalizado, la huelga de hambre es una manifestación específica de reclamo a la que cualquier ciudadano tiene derecho cuando se le están vulnerando los mismos. Por lo tanto, no se puede amenazar contra este derecho mandando a un tratamiento médico no consentido por la huelguista", expresa el pronunciamiento.

La APDHT advierte que el Estado es garante de los derechos humanos y por ende garantizar el acceso pleno al derecho a la salud, justicia y seguridad que si son incumplidos estos mandatos se expone a los responsables directos e indirectos a un juicio de responsabilidades a nivel nacional y ante organismos internacionales de derechos humanos.

El Deber