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La jueza de ejecución penal de Chuquisaca Vidalia Morales fue enviada a la cárcel de San Roque con detención preventiva por haber otorgado de manera irregular arresto domiciliario para un sentenciado a 25 años de cárcel, sin derecho a indulto, que violó y embarazó a su hija. 

La magistrada no solo le otorgó ese beneficio al agresor. Además, dispuso que la medida alternativa se cumpla en la misma casa de la víctima. 

Morales es procesada por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. 

“Durante la audiencia, la Fiscalía presentó todos los elementos probatorios que demuestran la probabilidad de autoría de la jueza, además se demostró la existencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización, por ello el Juez Anticorrupción determinó la detención preventiva”, informó el fiscal coordinador de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscal Departamental de Chuquisaca, Javier Gorena.

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En la vista judicial estaba presente la Comisión de la Fiscalía General del Estado que realiza la verificación, revisión y relevamiento de información sobre el estado actual de los casos con sentencias ejecutoriadas que radican en los juzgados de ejecución penal a escala nacional. 

Esta repartición y el Consejo de la Magistratura presentaron la denuncia, puntualizó Gorena, según un boletín institucional de la Fiscalía. 

El caso 

De acuerdo con los antecedentes del caso, un hombre sentenciado a 25 años sin derecho a indulto por el delito de violación solicitó detención domiciliaria al juzgado a cargo de Morales. 

La secretaria de ese juzgado redactó un informe en el cual hacía conocer que el procesado no había cumplido las dos quintas partes de su condena, requisito indispensable para que se le pueda dar luz verde a su solicitud. 

Asimismo, el Tribunal de Sentencia de Camargo, al momento de condenar al hombre, dispuso la prohibición de acercarse a menores de edad; sin embargo, estos elementos no habrían sido considerados por la jueza, quien dictó la resolución Nº 171/2021 del 10 de junio de 2021 con la cual otorgó detención domiciliaria para el violador en la misma casa de la víctima. 

“En este caso, al igual que todos los casos que atiende el Ministerio Público, se respetaron todos derechos y garantías constitucionales de la imputada, además de garantizar el debido proceso”, destacó Gorena.