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La Dirección General de Régimen Penitenciario informó este lunes que en la gestión 2021 secuestró sustancias controladas, bebidas alcohólicas y celulares en los distintos recintos carcelarios del país como parte de una política de lucha contra la corrupción.

Durante la pasada gestión, agrega, se han realizado más de 100 traslados administrativos con la finalidad de desarticular grupos de poder en los centros penitenciarios, de la misma manera “se realizaron requisas constantes en los principales centros penitenciarios del país en donde se pudo secuestrar más de 10 kilogramos de sustancias ilícitas, más de 170 litros de alcohol, 500 botellas de bebidas alcohólicas, más de 900 armas blancas y 333 celulares”, se lee en el comunicado. 

También, durante la gestión pasada, señala Régimen Penitenciario, se asumieron diferentes acciones y determinaciones para erradicar hechos de corrupción y actos irregulares que afecten la pacífica convivencia entre la población privada de libertad. 

Las denuncias de prácticas extorsivas por parte de delegados en complicidad con policías son frecuentes en las cárceles del país. Pese a las acciones de las autoridades para contrarrestar estos ilícitos, las denuncias persisten por parte de los internos y sindican como responsables a los delegados de los penales y miembros de la policía, sobre todo en la comercialización de estupefacientes y alcohol.

Entre las determinaciones asumidas en la lucha contra la corrupción y actos ilícitos, señala Régimen Penitenciario, se tiene la instalación de buzones de quejas en espacios comunes al interior de los centros penitenciarios, para que las personas privadas de libertad puedan denunciar abusos, extorsiones o vejámenes no solo de personal de seguridad penitenciaria, si no de sus propios compañeros/as.

También se habilitó un número de WhatsApp para que familiares de las personas privadas de libertad puedan denunciar actos ilícitos o irregulares, se lee en el comunicado. Sin embargo, consultando a algunos internos del penal de San Pedro de La Paz, señalan que no conocen ninguno de estos buzones y que las denuncias al número de WhatsApp fueron frecuentes, pero nunca recibieron respuesta. 

Asimismo, “en coordinación con la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, se ha realizado el cambio de directores de recintos penitenciarios y procesado a efectivos policiales que hubieran estado involucrados en hechos irregulares”.

Un reciente escándalo de corrupción y abusos en el penal de San Pedro contra internos nuevos se conoció por denuncias de la organización de Mujeres Creando y por información que llegó a la redacción de la Agencia de Noticias Fides, donde los privados de libertad señalan al entonces director del centro, coronel José Luis Morales del Castillo, como responsable de fomentar las extorsiones y la venta de droga dentro del penal. 

“A la población boliviana y en especial a las familias de las personas privadas de libertad, aclaramos que la administración penitenciaria recibe y coadyuva en las investigaciones de cada denuncia realizada, enmarcando nuestro trabajo en la transparencia y la lucha contra la corrupción”, se lee en el párrafo final del comunicado de la Dirección General de Régimen Penitenciario.