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Según los antecedentes, en diciembre de 2018, el Ministerio de Gobierno firmó convenio con el alcalde Mario Suárez para que la comuna construya y refaccione un ambiente para el funcionamiento de una unidad de vigilancia.

Posteriormente, el 27 de julio de 2021 ese convenio fue firmado por el gobernador del Beni, Alejandro Unzueta para que se haga cargo de esa infraestructura, pero no se ha avanzado al respecto.

El convenio fue renovado porque su vigencia estaba a punto de fenecer, lo que sucederá en julio próximo porque tiene validez de un año.

“Pienso que no se va perder el proyecto, para eso somos personas pensantes, podemos pedir una prórroga, para poder captar los recursos”, dijo.

Méndez, informó que el citado ambiente funcionará donde se instaló el sistema de video vigilancia de la comuna.

Sin embargo, dijo que la Gobernación no ha recibido la documentación, como el título de derecho propietario. Para inventir se tiene que tener la documentación en orden, agregó.

Además, recordó que la población conoce el estado caótico en que se recibió la Gobernación, como consecuencia de las millonarias deudas heredadas.

La refacción y adecuación de dicha infraestructura demanda una inversión aproximada de 2 millones de bolivianos.
Méndez, explicó que convenio establece que no se debe tocar los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, por eso se tiene que buscar otras fuentes de financiamiento.

El proyecto demanda la habilitación de una sala de monitoreo y otra de atención y despacho, 110 handies, 51 radios portátiles, 55 cámaras de vigilancia, 11 cámaras de reconocimiento facial y seis cámaras de reconocimiento de placas, entre otros implementos.

El nuevo convenio establece que la comuna debe instalar las cámaras de vigilancia en coordinación con la Policía, con la georreferenciación de puntos estratégicos y el suministro de datos y energía eléctrica para su adecuado uso.
En su momento, el concejal Lino Richard Mamani, alertó que está en riesgo ese convenio y su financiamiento, porque una de las clausulas establece que ante el incumplimiento de una de las partes, el convenio se disuelve.

Ante esta situación, consideró que la Gobernación debe informar si tiene la capacidad económica o no, para reconducir el convenio y concretar el proyecto.