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Afirman que Percy ya no puede valerse por sí mismo y piden sacarlo del proceso

A través de un memorial, la familia del exalcalde pide que Fernández sea retirado de la investigación debido a su edad avanzada y mencionan al menos 8 afecciones a su salud. El Concejo cruceño sigue con la investigación y cuestiona al Ejecutivo edil

hace 19 dia(s)

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Cuatro certificados médicos reflejan el estado actual del hombre que más gobernó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La familia del exalcalde Percy Fernández Añez presentó ante el Juez Cuarto de Instrucción Anticorrupción un memorial en el que se señala que él es dependiente para comer, para asearse, para recibir medicación y para moverse. También indica que tiene pérdida parcial de memoria, Parkinson, aneurisma de corte abdominal, con implantación de prótesis intravascular.

Los documentos presentados, con fechas que van del 14 al 21 de diciembre, detallan por lo menos la existencia de varias afecciones en la salud del exburgomaestre: Parkinson, diabetes millitus tipo 2, neuropatía diabética, prótesis en la cadera, válvula peritoneal, implantada en 2015 por hidrocefalia y aneurisma con Alzheimer, por lo cual los familiares están solicitando que sea apartado del caso.

Indica que en la actualidad tiene déficit motor, con alteración parcial de la memoria. También se indica que tiene enfermedad pulmonar crónica y múltiples infartos cerebrales.

Otro informe indica que tiene deterioro cognitivo permanente, enfermedad cerebral. Tras presentar el detalle, su hijo indica que hay delicado y deteriorado estado de la salud mental de Percy Fernández.

Junto con Fernández son investigados por este hecho Antonio Parada Vaca, Guillermo Parada Vaca, Javier Cedeño Catacora, Julio Herbas Aguilera, Javier Carrasco, Angélica Sosa y Mery Balcázar por la comisión de los siguientes delitos: legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. De los acusados, solamente tres se encuentran con detención preventiva: Cedeño, Herbas y la exalcaldesa Sosa.

El primer certificado médico, suscrito por el doctor Carlos Alberto Suárez el 14 de este mes, establece que Fernández Añez tiene los siguientes antecedentes patológicos: aneurismo de corte abdominal, diabetes mellitus tipo 2, neuropatía diabética, prótesis de cadera, mal de Parkinson y una válvula peritoneal.

“Actualmente está en regular (su) estado general, tiene déficit de motor, con alteración parcial de la memoria. Es dependiente de otra persona para su higiene personal, su alimentación, medicación y movilización”, dicta el informe médico.

El segundo documento, firmado por el médico Marcelo Pablo Arano el 19 del presente, muestra que Fernández Añez también padece una enfermedad pulmonar destructiva a causa del tabaquismo. Además, menciona dos prótesis en la cadera. El tercer certificado, escrito por el doctor Gueider Salas, también del 19, dice que el exalcalde sufre un deterioro cognitivo permanente y una enfermedad cerebral.

Dentro del ámbito legal, Ciro Añez, abogado que representa a la exautoridad municipal, señaló que estos informes de los médicos especialistas, que contienen la historia clínica del paciente, muestran y evidencian el deteriorado y crítico estado de salud psico-corporal del exalcalde, lo que impediría que Fernández comprenda los actos del proceso investigativo. El jurista afirmó en el memorial que su defendido no se encontraría en condiciones de asumir defensa ni tomar parte en procesos judiciales.

“Ante esta situación, se ha solicitado la aplicación del artículo 86 del Código de Procedimiento Penal y hemos requerido la intervención de profesionales médicos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para que ellos mismos confirmen el grave estado de salud del paciente y su incapacidad de defenderse o de tomar parte de un proceso judicial”, dice el memorial presentado por la defensa de Fernández.

Añez también agregó que el mismo artículo establece que cuando la persona se encuentra delicada y deteriorada en su estado de salud mental, “el juez o tribunal debe ordenar su reconocimiento pericial, de allí, que hemos solicitado que el IDIF intervenga para que confirmen el grave estado de salud del paciente. Comprobado este extremo que responde a una verdad material, es decir, a la realidad, la ley establece que el juzgador deberá ordenar, por resolución, la suspensión del proceso para quien lo solicita hasta que desaparezca dicha incapacidad”.

Por último, el abogado mencionó que la familia de Percy Fernández también solicitó al juez que se garanticen sus derechos, dado que “en su actual estado de salud, el someterlo a mi defendido, a un proceso judicial de esa naturaleza, podría agravar aún más su estado de salud y poner en riesgo su vida”, agregó el jurista.



A su vez, el fiscal Javier Cordero informó que antes que Fernández sea citado a declarar en calidad de investigado -se tenía estimado que sea esta semana- será sometido a una valoración médica y psicológica por especialistas del IDIF. “Los peritos van a establecer si él está en condiciones de poder afrontar un proceso legal”, dijo.

En tanto, el director Asuntos Jurídicos de la comuna cruceña, Ever Mérida, señaló que, si se quiere retirar a Fernández Añez de la investigación, la norma dice que se tendría que declarar en interdicto a la persona. 

“(Esto) a efecto de que pueda hacerse una declaración judicial ante un juez de familia, que deberá disponer, previo análisis de médicos especialistas en el tema, que el señor Percy Fernández deba ser apartado o no (del caso). Mientras esa declaración judicial de interdicción no exista, Percy Fernández puede ser aún investigado”, dijo.

Comisión sigue investigando

La Comisión Especial del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra identificó a 18 personas, entre exsecretarios, exdirectores, exjefes de departamentos y algunos exfuncionarios, que tendrían que haber informado sobre la asistencia o no de trabajadores municipales a las diferentes dependencias de la comuna cruceña.

El concejal por la alianza Comunidad Autonómica (C-A) y miembro de esta comisión, Juan Carlos Medrano, adelantó que harán una lista con estas personas identificadas y se las pasará al Ministerio Público, para luego exigir de que sean convocadas a declarar como testigos.

En el caso de que los mismos no sean convocados, en cuatro días, la lista de nombres sería mostrada a la opinión pública. El concejal lamentó la poca ayuda que han recibido, en estas tres semanas, del Ejecutivo municipal en lo que viene a ser la investigación de este caso. 

“Todas las pruebas y argumentos que hemos logrado recopilar, han sido obtenidas por el trabajo de los concejales con exfuncionarios, porque no hemos recibido ninguna sola información del Ejecutivo, por lo que parecería que no quieren ser fiscalizados por el Concejo en esta fase de la investigación de los ítems fantasmas”, aseguró.

Medrano añadió que el problema es que están pasando los días, cuando ahora se tienen casi 2.800 contratos en observación y un daño económico que llega a los dos millones de dólares mensuales.

Finalmente, dijo que mañana se estarían presentando los directores de Recursos Humanos y Transparencia ante la comisión especial para que brinden un informe detallado sobre el escenario de esas reparticiones y así conocer los informes que se emitieron al Ministerio Público durante lo que va del proceso penal.

Ya se informó que se solicitó a estas direcciones el listado de funcionarios que fueron liberados del marcado del control de asistencia, para poder identificar a los supuestos ítems fantasmas, debido a que por esta condición ellos tuvieron más facilidades de no asistir a su fuente laboral.

El Deber


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