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El único detenido por el caso Las Londras pedirá su libertad

Diputada advierte sobre posible favorecimiento político del MAS

hace 5 mese(s)

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A casi dos meses del secuestro y tortura de seis periodistas, cuatro policías y comunarios en el predio “Las Londras”, en la provincia Guarayos, el único detenido, Eber Sixto Canaza,  intentará este lunes 27 de diciembre obtener su libertad irrestricta, en una audiencia de apelación.  

Por el momento, Canaza cumple prisión preventiva por seis meses determinada por el juez Roberto Hurtado mientras avanza la investigación. Desde el 25 de noviembre, el dirigente del movimiento campesino y afín al MAS, permanece en el penal de Palmasola.

La audiencia se llevará adelante a las 10:00 de este lunes, 27 de enero, en la Sala Penal Primera del Palacio de Justicia, conformada por los vocales Arminda Méndez y Evert Alvarez Orellana. El pasado jueves se suspendió el acto judicial debido a que un fiscal se enfermó de Covid-19 y bajo su custodia se encontraba el cuadernillo de investigaciones.

La diputada María René Álvarez, de la agrupación Creemos y opositora al gobierno de turno, pidió estar atentos a la actuación de los vocales y en especial de Arminda Méndez, exdiputada del MAS, a quien le pidió abstenerse de participar en la audiencia, de acuerdo al artículo 236 de la Constitución Política del Estado, pues existe un conflicto de intereses.

El 25 de noviembre, el juez Roberto Hurtado, de la provincia Guarayos, que tiene el control jurisdiccional del caso, ordenó la detención de Canaza en Palmasola, tras ser imputado por la Fiscalía por los presuntos delitos de lesiones graves y leves, robo agravado, privación de libertad, amenazas, tenencia ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio, en el inicio de la etapa preparatoria al juicio oral.

El Código de Procedimiento Penal señala que la detención preventiva de un imputado ocurre cuando existen elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible. De que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la indagación de la verdad.



Sin embargo, su abogado César Cardona planteó la apelación al considerar que Canaza no fue identificado por nadie, lo que fue desmentido por la comisión de fiscales Roberto Ruiz, Delmy Guzmán y Wálter Cisneros, con la declaración de uno de los comunarios secuestrados con los periodistas y policías, quien afirma que Canaza es uno de los encapuchados armados que los secuestraron.

La abogada de los periodistas, Raquel Guerrero, también expresó su disconformidad porque el juez eliminó el riesgo procesal de peligro de fuga de Canaza, luego que presentara domicilio conocido y trabajo en una empresa avícola.

Sin embargo, desde entonces hasta ahora, la situación jurídica de Canaza se ha agravado por tener otro mandamiento de aprehensión de fecha 26 de julio del 2021, emitido por el entonces fiscal de Guarayos, Groberdt Vega Lobo, por su participación en otra toma violenta de predios en la zona.

Además, un informe del coronel Nicanor Oscar Curcuy, comandante provincial de San Julián, señala que el 24 de noviembre, durante la detención de Canaza, los interculturales tomaron el puesto policial de Los Troncos y se llevaron como rehén al sargento Rudy Crispín Alavi , de la Policía Caminera, lo hicieron subir a la fuerza a un vehículo y lo encerraron en la Federación de Interculturales, para exigir la libertad del detenido o que la audiencia cautelar se lleve adelante en ese municipio.

Asimismo, consta en el informe de la comisión de fiscales que cumplió el operativo que fueron perseguidos a balazos e incluso les pincharon la llanta de una camioneta que los transportaba.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, dijo que liberar a Canaza significaría apagar una tenue luz de justicia e implicaría un flagrante prevaricato contemplado en el artículo 173 del Código Penal, aplicado contra jueces o fiscales que de manera maliciosa e interesada desconocen la normativa vigente y pueden ser pasibles a penas de 5 a 10 años de cárcel.

El Deber


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