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Jhonny: 1.205 contratos irregulares en la Alcaldía son de enero a abril, «cuando estábamos en campaña»

El ejecutivo municipal presentó un amparo para que se reabra el caso de contratos irregulares y se investigue a la par de los denominados ítems fantasmas.

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Este miércoles (14:00) debe resolverse en audiencia el amparo constitucional presentado por la Alcaldía cruceña para que se reabra el caso de 1.205 contratos irregulares, que figuran entre los meses de enero a abril de este año, y que fue denunciado en mayo por el Ejecutivo municipal.

Esta denuncia fue desestimada en primera instancia por la Fiscalía pese a que se «tenían las pruebas» y había suficiente información para que se inicie una investigación y se determinen responsabilidades por actos de corrupción, indicó el alcalde Jhonny Fernández.

Fernández también remarca que estos contratos fueron firmados entre enero y abril de este año, de «cuando estábamos en campaña»; en ese tiempo estaba al frente de la comuna Angélica Sosa.

Con la reapertura del caso se podrá verificar si dentro de estas contrataciones hay coincidencia de nombres de funcionarios que estarían vinculados a los 800 ítems fantasmas, proceso que fue abierto tras la denuncia de Valeria Rodríguez quien era pareja del exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, Antonio Parada.



Contratos irregulares

Durante el anuncio de la presentación del amparo, el alcalde Jhonny Fernández  hizo un recuento de este proceso que inició tras la revisión del personal identificando contrataciones que no cumplían con la norma por lo que, después del acopio de elementos y pruebas, se presentaron el pasado 28 de mayo ante la Fiscalía pero no tuvo curso y así se lo notificó en primera instancia el 5 de julio ratificando la decisión el 28 de octubre.

Dentro de los delitos que se apuntaron estaban uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, nombramientos ilegales, falsedad material e ideológica.

Lo que se pretende con la presentación del amparo, se indicó desde la Alcaldía, es que se restituya todo lo que es el valor legal y las pruebas que se han presentado para que se investigue este caso de supuesta corrupción.


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