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La Fiscalía insta a Calvo a responder por sus ‘hechos ilegales’ y niega persecución política

“Todos los bolivianos tenemos el deber de cumplir la ley y la Constitución, y este señor (Calvo) tiene que responder por los hechos ilegales que ha cometido”, dijo Quispe.

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El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, instó este martes al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, a responder por los supuestos “hechos ilegales” que habría cometido y negó que los procesos en su contra sean parte de una persecución política.

Quispe, en una conferencia de prensa, afirmó que es “falso” cuando “algunos” se refieren al Ministerio Público como si solamente estuviera realizando una “persecución política”.

“La persecución política (…) es cuando sin fundamento, sin hechos que puedan atribuirse a la responsabilidad de una determinada persona, se activa la persecución penal y no solo se activa, sino que se amedrenta la tranquilidad de esta persona con tal de amordazar su voluntad”, agregó.

Lo cual, según el funcionario de la Fiscalía General, “no se va a cumplir ni se está cumpliendo con ninguna persona” en el país.



“Y me quiero referir (específicamente) a los dirigentes del Comité pro Santa Cruz, quienes han alegado que, desde el Ministerio Público, estamos cumpliendo persecución política, pero no lo estamos haciendo”, insistió.

Sin embargo, “todos los bolivianos tenemos el deber de cumplir la ley y la Constitución, y este señor (Calvo) tiene que responder por los hechos ilegales que ha cometido como funcionario público, como dirigente del sindicato de la Caja (Petrolera) y por todas las acciones que va cumpliendo y serán pues las pruebas que se vayan colectando las que nos den pie a establecer si existe (su) responsabilidad o no”, apuntó.

Calvo enfrenta varias denuncias presentadas en su contra por una serie de delitos y en ese sentido, durante esta semana, fue convocado a declarar tanto por la Fiscalía de Santa Cruz como también de La Paz.

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Mientras su defensa considera que los procesos activados son parte de una persecución política contra Calvo por haber impulsado un paro de nueve días en contra del Gobierno que terminó con la abrogación de una cuestionada ley.


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