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Fiscalía admite denuncia contra Rómulo Calvo por los delitos de sedición y conspiración

Desde el MAS denunciaron al líder cívico por impedir el derecho al trabajo, con la convocatoria al paro indefinido.

hace 19 dia(s)

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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió este miércoles la denuncia contra el presidente del comité cívico Rómulo Calvo, por los delitos de sedición y conspiración.

“Es una denuncia que se ha ingresado la anterior semana, ya se encuentra con un control jurisdiccional, con un fiscal asignado al caso, que tiene la especialidad de conocer esta clase de delitos (…). El responsable de la presente investigación va a determinar las diligencias que correspondan, como también la actividad de poder citar a las personas investigadas”, declaró a Gigavisión el fiscal departamental Roger Mariaca, a tiempo de explicar la admisión de la denuncia.

El funcionario judicial informó que la denuncia contra el presidente del Comité Pro Santa Cruz cursa por los delitos de sedición y conspiración contra el Gobierno, en consecuencia a la convocatoria de su institución al paro indefinido contra la Ley 1386.

La Fiscalía cruceña inició las investigaciones contra Calvo, quien el 10 de noviembre, en su discurso sobre el paro, habló de “tumbar” al Gobierno e incluso mencionó un “último round”, según la estatal ABI.



Cívicos de Santa Cruz y Potosí, además de diferentes sectores, organizaron medidas de presión contra la Ley 1386 de Estrategia contra las Ganancias Ilícitas, que fue abrogada ayer, después de nueve días de movilizaciones.

El lunes, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csciob) envió una carta al presidente Luis Arce, en la que da 48 horas al Gobierno para detener a Calvo porque, según la institución cometió delitos de sedición y privó a los ciudadanos de su derecho al trabajo.

Ese mismo día, la diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Estefanía Morales presentó una querella contra el presidente del Comité pro Santa Cruz por la presunta comisión de delitos de sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo y atribuirse los derechos del pueblo.

Página Siete


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