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Los sectores piden abrogar siete leyes; el MAS insiste en que se gesta un golpe de Estado

El oficialismo apunta a los cívicos cruceños. Dice “que nunca llegarán al gobierno por las urnas”. Además de la ley 1386, piden la anulación de la de desarrollo económico y social, registro de comercio, estadísticas oficiales y de ascensos.

hace 19 dia(s)

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Siete leyes conforman el paquete de normas que los gremialistas, transportistas, cívicos, mineros y representantes de diferentes sectores califican de “malditas” y exigen que se abroguen. El oficialismo las defiende. Aseguran que las normas aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional o que están en proyecto se ajustan a la Constitución Política del Estado. Además, atribuyen las protestas a los cívicos cruceños que buscan gestar un golpe de Estado en contra del presidente Luis Arce porque “nunca podrán llegar al gobierno por las urnas”.

El paro indefinido multisectorial, que alcanzó su sexto día, demanda la anulación no solamente de la Ley de Estrategia Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, sino que también cuestionan la de desarrollo económico y social, de lucha contra la corrupción,  registro de comercio, la de estadísticas oficiales,  emergencia sanitaria y ascensos en la Policía.

El Gobierno quiere concentrar el poder absoluto, dijo el analista Paúl Coca. “El objetivo del MAS es que Evo Morales vuelva al poder. Por eso ata cabos, para que nunca más se repita un movimiento ciudadano como el que se generó en 2019 y causó la renuncia de Evo Morales, por eso vienen estas leyes”.

Braulio Arguedas, presidente de la Federación de Cooperativistas, señaló que el Gobierno pretende aplicar normativas muy similares a las que hay en Venezuela, Cuba, Nicaragua, “para tener el control absoluto y aniquilar al primer ciudadano que se le ponga al frente”.

La senadora del MAS Lindaura Rasguido respondió que nada de eso es cierto, que las leyes no tienen ese objetivo. “Siempre nos enmarcamos en la Constitución y contra los actos ilícitos. La oposición miente y quiere hacer ver que buscamos afectar a la población. De ninguna manera, no se dejen influenciar. Esto surge de los cívicos cruceños, ellos nunca llegarán al poder por medio del voto, y por eso buscan el golpe de Estado”.

La ley 1386, de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas es la primera. La norma otorga poderes a los ministerios de Economía, de Gobierno, de Defensa, de Justicia y de Relaciones Exteriores.

La UIF tiene información irrestricta, lo cual vulnera el artículo 25 de la CPE e inicia acciones de oficio sin rendimiento de ventas o pedido de la autoridad competente.

Por otro lado, en su artículo séptimo, establece que se puede modificar la estrategia mediante Decreto Supremo, lo que le resta esa atribución al Parlamento.

Arguedas presentó un proyecto para modificar ese artículo y respondieron “desde la Vicepresidencia, pidiendo que lo ingresemos como proyectistas. Es el artículo más conflictivo, porque autoriza al Gobierno que por decreto supremo aplique lo que la ley 218, que fue anulada decía”.

Rasguido explicó que es un plan, esta norma cumple recomendaciones internacionales, no hay nada más que eso. “Es una estrategia preventiva para luchar contra la trata y tráfico, la corrupción, el narcotráfico y el contrabando. No quitaremos la casa a nadie, la oposición miente”.

La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón, puntualizó que los cívicos cruceños usan esto como una “excusa” para gestar un golpe de Estado.

El Gobierno ha impulsado la aprobación de esta ley de estrategia, pero no fijó un monto mínimo para perseguir a los presuntos infractores, lo que recomienda el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Eso dispara la susceptibilidad de los sectores movilizados. El GAFI es la instancia internacional que impulsa y supervisa la implementación de estándares para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo presenta 40 recomendaciones.

El abogado y oficial del Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Ramiro Orías señaló que entre los requisitos GAFI, el país signatario debe tener “instituciones estables y con responsabilidad, integridad y transparencia; un fuerte imperio de la ley, y un sistema judicial competente, independiente y eficiente”.



“La ley de estrategia puede mostrar una buena intención. Pero, la realidad del país no se adapta. Por ejemplo, una de las recomendaciones del GAFI es que hay que tener un registro y supervisión financiera para movimientos sospechosos, que pasen los $us 10.000, pero en la estrategia boliviana bajan el monto a cualquier transacción, al menor movimiento”, aseguró.

Por su parte, el constitucionalista Williams Bascopé, aseguró que la ley 1386 de estrategia “aprueba un anexo que tiene más de 54 páginas con directrices, mecanismos y estrategias que indican ciertas políticas públicas”.

En ese documento visibiliza al sector informal “como uno de los peligros para que lo ilícito se camufle ahí directamente. Sin embargo, el gran error, o tal vez lo hicieron intencionalmente fue no poner un monto mínimo”.

Para Orías, “hay un afán intrusivo de controlar hasta el menor movimiento. Esta es una versión utilitarista”, dijo.

La Ley 1407, que contiene el plan de desarrollo económico y social 2021-2025 centraliza las decisiones. Establece la obligatoriedad para que los gobiernos subnacionales y universidades elaboren su planificación de acuerdo con la impuesta por el Gobierno, dicen las críticas.

Coca señaló que en esa norma se privilegia la inversión pública como factor de crecimiento. “Esto muestra de capitalismo de Estado. En este plan usted no encuentra fomento al emprendimiento, que el Estado realice una reforma tributaria, ni incentivos para atraer inversiones. El Estado se ve como generador de empleos y fomenta empresas estratégicas aunque sus cifras sean negativas”, dijo.

Rasguido contestó que de ninguna manera. “Es un marco general, respeta la Ley de Autonomías, gobernaciones y alcaldías deben bajar y cumplir, eso dice la ley 777 del sistema integral de desarrollo del Estado, no se afecta en nada ese proceso, es un discurso de la derecha”, manifestó.

La ley 1390, de fortalecimiento para la lucha contra la corrupción abre la posibilidad de realizar juicios en rebeldía (lo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante resolución 0012/2021), instituye la figura del colaborador eficaz, es decir, los delatores en casos de corrupción serán premiados con la extinción del proceso en su contra a cambio de brindar información. La oposición cuestiona que se quitaría la personería jurídica a cualquier empresa, ONG, fundación, partido político sólo si cualquier inversionista que conforme esa sociedad tiene proceso o condena.

La senadora oficialista puntualizó que si cada mes una persona deposita un monto aceptable, no hay problema. “La norma pone el ojo en los depósitos sospechosos, de altas cantidades. Mientras el ciudadano trabaje de forma legal, como los comerciantes o los transportistas no tienen motivo para preocuparse”, aseveró.

La ley 1398 de Registro de Comercio deja de lado a Fundempresa, una entidad independiente, para otorgar al Ministerio de Desarrollo Productivo la potestad de crear una entidad dependiente del Ejecutivo que tenga las funciones del registro de todas las empresas de Bolivia.

“No es como ellos están mencionando. Nosotros respetaremos siempre la CPE, y todos tienen el derecho a la privacidad. Pido al pueblo que proteste, porque la derecha y las minorías no saben cómo hacer que el Gobierno se desmorone”, aseguró Rasguido.

La ley 1405 de Estadísticas oficiales de Bolivia también es cuestionada. La oposición ve que con la “reorganización” del INE se pretende disimular “la inconstitucional imposición del monopolio estatal de la recolección de datos con finalidad estadística.

La ley 1359 de emergencia sanitaria crea el consejo nacional conformado solamente por el Órgano Ejecutivo, dejando a un lado a las entidades territoriales autónomas, colegios médicos, universidades y sectores interesados.

Sobre la Ley 1387 de ascensos en la Policía, Creemos dijo que “busca que el comandante general sea el subalterno de un civil” y CC observa que le quitó independencia a la institución verde olivo. “El Alto Mando ya no es independiente, sino político”. Rasguido dijo que se busca respetar la independencia policial.


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