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El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, consideró que es una “intransigencia” la determinación, asumida por los gremiales y transportistas en paro indefinido, de no ir al diálogo con el Gobierno sin la previa abrogación de la Ley 1386.

“Ahora resulta que están condicionando en que primero se abrogue (la cuestionada norma), ésa es una intransigencia, una intransigencia que no corresponde; el escenario de la democracia permite que, en el criterio plural, todos participen y (por eso) el Gobierno invitó a que todos los dirigentes a nivel nacional participen de un diálogo”, dijo.

El diálogo con una parte del sector movilizado (gremiales) fue convocado por el Gobierno  para este sábado en Cochabamba, sin embargo, el viernes una reunión denominada “multisectorial”, liderada por dirigentes gremiales y transportistas, decidió que primero se anule la normativa cuestionada para ir al encuentro con el Órgano Ejecutivo, mientras las medidas de presión se mantendrán.  

Sin embargo, la autoridad gubernamental afirmó que “fácilmente” se están usando las redes sociales para generar información difusa y falsa sobre Ley 1386, de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, provocando “mucho miedo entre los hermanos”.

“A raíz de eso están observando como una ley maldita (a esa norma). De verdad, yo lo lamento mucho la forma que se está manejando la desinformación sobre una ley de solo siete artículos que no causa daño a nadie y eso tenemos que dialogar, por eso se ha abierto la puerta del diálogo”, insistió Cox en un contacto con Red Uno.

Un sector de los gremiales, liderados por el dirigente Francisco Figueroa, que luego sumó el apoyo de los cívicos y también algunos grupos de transportistas, declaró paro indefinido en el país.

La medida se cumple de manera parcial desde el lunes en algunas regiones del país en medio de hechos de violencia generados por la movilización de policías y también grupos de civiles que están en contra del paro indefinido.

El Gobierno, a través de distintas autoridades, aseguró que el pedido de la anulación de la Ley 1386, que además ahora ya suma otras demandas más, solo es una excusa o pretexto para desestabilizar el país.