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Tensiones por la falta de consenso y leyes políticas marcan el año de Luis Arce

La “falta de socialización” de las iniciativas gubernamentales ha despertado susceptibilidad, incluso al interior del MAS. Varios sectores sociales observan ocho leyes, especialmente a la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas

hace 23 dia(s)

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El presidente Luis Arce cumple este lunes el primer año de su mandato con alto voltaje político y en medio de tensiones con sectores sociales, políticos y empresariales que reclaman por la ausencia de acuerdos, así como la “imposición” de leyes que conceden al Ejecutivo más atribuciones, incluso “a costa de las autonomías” regionales y de las universidades.

Desde varios sectores sociales fueron identificadas cinco leyes vigentes, tres proyectos normativos, incluido el Plan de Desarrollo Económico y Social 2020-2025 que fue sancionada la semana pasada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. También figura la propuesta 218 contra la legitimación de ganancias ilícitas que fue retirada, precisamente, por la falta de socialización y consenso que le reclamaron a Arce, incluso desde la órbita social y sindical del MAS.

De hecho, el oficialismo admite que fallaron en la estrategia de comunicación para presentar las iniciativas legales “sensibles” a los sectores sociales afines al MAS. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que ese fue un error que se supo corregir. Primero, con la anulación del proyecto 218 y, luego, con una campaña para explicar el alcance de las leyes previstas y promulgadas por el Ejecutivo.

En ese marco, el diputado Héctor Arce (MAS) dijo que los sectores sociales están recibiendo información sobre los alcances del proyecto 342 que da vida al Plan de Desarrollo 2020-2025, antes que sea promulgada y enviada a la Gaceta Oficial.

Una de las principales observaciones a esta norma radica en su artículo cuarto que marca la obligatoriedad del cumplimiento del plan por parte de gobiernos autónomos y los poderes del Estado, incluido el judicial. La iniciativa, contenida en un anexo de 209 páginas, contiene nueve ejes y un diagnóstico sobre el estado de la economía que dejó el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. En esta parte, el texto también plantea una elevada carga política con relación a la crisis de 2019.

El senador Rodrigo Paz Pereira, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), considera que ese acápite vulnera las autonomías “y es parte de la estrategia del MAS para ejercer mayor control sobre la sociedad, incluso sobre la Constitución”. El diputado Carlos Alarcón (CC) señaló que el daño a la democracia y a las autonomías “puede ser irreversible”.

La oposición también cuestiona el artículo seis, pues abre la posibilidad de que el plan se ajuste a través de decretos. “Esto le da más poder al presidente”, apuntó Paz.

Ante este escenario, el diputado Arce aseguró que en los seis artículos de esa ley “no hay ninguna disposición específica que hable contra las autonomías”. Respecto a la obligatoriedad de la ejecución de este plan, afirmó que “las universidades y los gobiernos autónomos no son republiquetas, pues deben adecuar sus previsiones al plan nacional”, conforme al sistema de planificación establecido en la Ley 700, de 2016.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, que reclamó por los plazos fijados en la norma para la adecuación de los planes, aceptó las explicaciones de la ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, pero luego de calificar de “regular” el primer año de gestión del gobierno de Luis Arce, pues la autoridad local reclama mayores mecanismos de coordinación con las autoridades del nivel central.

“Este año, el Gobierno ha sido regular. Arce ha llegado a gobernar en un país que ha estado estancado económicamente por la falta de políticas de intervención que ha dejado el anterior gobierno y en un momento muy difícil. Lamentablemente, hay ministros que no coadyuvan en impulsar una gestión, enmarcada en el trabajo de escuchar al pueblo; eso es preocupante”, señaló la autoridad edil de El Alto.



Pero la ley que más rechazo ha generado es la 1386, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que en su artículo séptimo autoriza a Ejecutivo hacer ajustes a través de decretos, lo que ha despertado un estado de alerta, incluso, en sectores que no acatarán el paro multisectorial previsto para este lunes en el país.

El Gobierno no solo adelantó que está vez no retirará la ley como pasó con el proyecto 218, sino que alertó que está en curso un movimiento desestabilizador contra la democracia y el proceso de “recuperación de la economía”. Arce tiene el respaldo del Pacto de Unidad para intentar frenar una acción como pasó hace dos años, en alusión al 10 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales renunció a la Presidencia en medio de una crisis política y social ante la denuncia de fraude electoral.

“Lo que no se entiende, nunca se entendió, cuando fueron Gobierno en 2019 y 2020, cuando nos encerraron y asaltaron las arcas del Estado, (que) el pueblo pide salud y ahora estamos vacunando con la tercera dosis, necesita educación y más del 85% (de los estudiantes) pasa clases presenciales y semipresenciales. El pueblo quiere que mejore su economía y estamos trabajando, estamos entregando obras, no somos ningunos incapaces que no hacen nada en un año”, agregó Arce en referencia a la administración de Jeanine Áñez.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Eber Rojas, dijo que este lunes “habrá un gran festejo en cada capital de departamento” por el primer año de gestión de Arce. Estas manifestaciones se producirán el mismo día en el que organizaciones sociales, lideradas por los gremialistas, salgan a las calles para protestar contra la ley 1386 y “las otras leyes malditas”, remarcó el dirigente de los gremialistas de El Alto, Antonio Siñani.

El senador Paz agregó que existen otras leyes con las que el Ejecutivo aplicará un “control político” a la sociedad, como la Ley de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional que concentra la producción de cifras oficiales en el nivel central. Esta norma se publicó en la Gaceta Oficial y ya está plenamente vigente.

Las otras normas promulgadas son la del Registro de Comercio con la que el Gobierno retomará esta actividad, que durante 20 años estuvo bajo tuición de la empresa privada. Además de la Ley de Ascensos de la Policía que establece que el ministro de Gobierno esté al frente de la entidad, además del proyecto de ascensos en las Fuerzas Armadas que señala que la reglamentación se hará por decreto y no por la estructura institucional de los militares.

El politólogo Marcelo Arequipa consideró que el Gobierno priorizo “la línea partidaria del MAS” en su gestión política y dejó de lado “la estabilidad social para imponer la narrativa del golpe de estado, aunque no todos crean y acepten que lo hubo”.

Los proyectos de ley que reflejan la gestión política muestran una línea estratégica “para que ningún colectivo acepte levantarse contra el MAS”, afirmó el sociólogo Franco Gamboa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló que las leyes más importantes llegaron desde el Ejecutivo, pero a merced de “una coordinación política” definida por la estrategia del Gobierno que se ha fijado la reactivación económica y la salud.

En el ámbito económico, Arce existen previsiones de crecimiento económico alentado por el consumo interno y los precios de las materias primas como el caso del petróleo, cuyas expectativas están en alza hasta el cierre del 2021.


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