El tiempo
     Santa Cruz

N Nacional

UCS presenta cinco argumentos de inconstitucionalidad del proyecto de Ley 342 sobre desarrollo económico

hace 1 mese(s)

,

Unidad Cívica Solidaridad (UCS), cuyo líder es Jhonny Fernández, ha observado el proyecto de Ley 342, que da pie al Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, elaborado por el Movimiento Al Socialismo (MAS)

De frente y con argumentos en mano, el concejal ucesista Maykol Negrete expuso cinco argumentos que develan la inconstitucionalidad del proyecto de Ley 342.

El problema está en que, al igual que el sonado paquete de leyes que emerge desde la Asamblea Legislativa y que no fue socializado con los sectores que se han movilizado en los últimos meses, el Gobierno central pretende que los gobiernos subnacionales y universidades públicas se sometan a este proyecto de ley, que no fue interiorizado con gobernaciones y alcaldías.

Así lo manifestó Negrete, quien habló en nombre de su partido, la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), al señalar que el Gobierno muestra una visión "atrofiada" de la realidad, confundiendo su labor en la administración del Estado, que está regulado por la Constitución Política del Estado (CPE).

"La justicia actual no permite el ejercicio de este control de constitucionalidad efectiva, lamentablemente. El proyecto de Ley 342 es inconstitucional porque viola nuestra autonomía municipal y sus competencias de planificación y desarrollo municipal, asumiendo el control de presupuestos, gastos, inversión y de las autonomías", observó Negrete.

La autoridad explicó sus argumento en cinco apartados:

1.- La CPE establece que es competencia exclusiva del municipio la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación nacional y departamental. 

"Dice en concordancia, no sometimiento ni obligatoriedad, por eso el proyecto viola la autonomía municipal", dijo el concejal.

2.- En la elaboración del 'Plan de desarrollo económico y social 2021/2025' no han participado  las entidades territoriales autónomas, conforme a la que expone el artículo 316 de la CPE.

Negrete recordó que el Gobierno menciona la realización de nueve cumbres, pero en ninguna de estas participaron los gobierno subnacionales, los sectores productivos o las universidades.

"Autoridades electas por el voto popular no pueden estar al mando de los sectores corporativos del MAS", indicó la autoridad cruceña.



3.- La obligatoriedad que establece el proyecto de ley sobre los gobiernos subnacionales viola los artículos 270, 272, 302, 321 y 340 de la CPE porque controla sus presupuestos de inversión, ingresos y gastos, de acuerdo al tercer argumento de la UCS.

4.-  El presupuesto de los gobiernos subnacionales, en este caso de la Alcaldía cruceña, ya fue aprobado en base a su autonomía. Según Negrete, el proyecto de ley pretende modificar estos planes y controlar los gastos de inversión. 

"Viola la autonomía y la CPE, pretendiendo aplicar de forma retroactiva esta ley", indica Negrete.

5.- El proyecto de ley se encuentra fuera de la realidad de las regiones, menciona el modelo económico basado en la agenda 2020-2025, que excluye a los gobiernos subnacionales y universidad, y que hasta ahora ha sido aplicable para estos actores, que no son parte del centralismo.

"No toma en cuenta los factores de redistribución de recursos. Las directrices del 'Plan de desarrollo económico y social 2021-2025' solo están dirigidas a competencias nacionales con recursos de nuestras autonomías", concluyó el concejal.

Por los argumentos expuestos, la UCS como partido oficialista lamentó y rechazó el proyecto de ley que se quiere aprobar en la Cámara de Senadores. Negrete reiteró que es inconstitucional porque viola la Carta Magna al no tomar en cuenta a los gobiernos subnacionales para la socialización del proyecto de Ley 342.

El detalle de lo que se rechaza

La ley consta de seis artículos y un anexo de 209 páginas en los que se detalla los 10 ejes del plan. El primero tiene que ver con la estabilidad económica, el segundo con la industrialización y la sustitución de las importaciones. El siguiente acápite está relacionado con la seguridad alimentaria seguido de la “profundización de la industrialización de recursos naturales”.
Esta ley no promulgada sería "de ejecución y aplicación obligatoria por las siguientes entidades: Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas; Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional, instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, entidades territoriales autónomas (gobernaciones y alcaldías) y universidades públicas”, señala el artículo cuarto del proyecto que pasó al Senado para su tratamiento.

El quinto eje tiene que ver con la educación; el sexto es sobre la “salud en tiempos de pandemia y  en el séptimo se incluye la reforma judicial planteada por el Gobierno. Los últimos tres ejes del plan están relacionados con las políticas públicas en materia de medioambiente, “las relaciones internacionales con soberanía”, donde plantea el reclamo del país para retornar al Océano Pacífico, y la democracia cultural.

Sobre el tema, el jefe de bancada de la alianza opositora Creemos, Erwin Bazán, cuestionó el carácter “centralista y autoritario” del proyecto de ley. “Seguramente las universidades, municipios y gobernaciones van a tener que salir a las calles para pedir la abrogación de esa norma, una vez que sea aprobada y promulgada, porque esta ley no ha sido socializada”, cuestionó.

El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que esta norma no fue debatida en la comisión legislativa y que el plan se presentó horas antes del debate en la plenaria. Afirmó que la ley “no respeta las autonomías ni la independencia de poderes que está establecida en la Constitución”.


Notas Relacionadas