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Dan ultimátum de ocho días para que el Gobierno anule la “Ley madre” y advierten con paro indefinido

Gremiales, transportistas y representantes de juntas de vecinos se reunieron este jueves en Santa Cruz y proyectan que retomarán las movilizaciones desde el 8 de noviembre, el día en el que Luis Arce cumple un año de gestión

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La cumbre multisectorial que se reunió este jueves en Santa Cruz de la Sierra resolvió otorgar un plazo de ocho días para que el Gobierno abrogue la llamada “Ley madre”, la norma que dio vida a la Estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.

El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, señaló que si hasta el 7 de noviembre no se anula esa norma, pondrán en marcha un paro nacional desde el 8 de noviembre.

“Hemos resuelto dar un plazo de ocho días, que fenece el 7 de noviembre. Caso contrario estaríamos volviendo a salir a las calles en un paro indefinido con cierre de mercados y cierre de fronteras a cargo de todos los sectores”, declaró Figueroa al término de la reunión.

La reunión ampliada de este jueves contó con la participación de los transportistas confederados de larga distancia, nacional e internacional, además de las cámaras departamentales de transporte, asociaciones de taxis y juntas de vecinos, Fejuves.



“También debemos pedir a todos los comités cívicos, un apoyo a las instituciones que somos la mayoría de nuestro país, para que se anule esta ley madre que perjudica a todo el país”, apostilló el dirigente.

La Ley 1386, también conocida como “Ley madre”, contiene un “plan de trabajo” que proyecta ajustes en el Código Penal y otras normativas para “fortalecer” las acciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

De los siete artículos que tiene la cuestionada normativa tres generan preocupación de sectores que anuncian movilizaciones para el 8 de noviembre, el días en el que el presidente Luis Arce cumple un año de gestión.

Uno de ellos es el apartado siete, que abre la posibilidad de hacer ajustes “mediante decreto” a la mencionada estrategia que está detallada en un anexo de 53 páginas. El instrumento legal está vigente desde el 16 de agosto, cuando fue publicado por la Gaceta oficial.

Ante la presión social de varios sectores, incluso de aquellos afines al MAS, el presidente Arce  retiró del Senado el proyecto de ley 218, una norma que proyectaba mayores atribuciones a la UIF y ajustes normativos para el control de flujos financieros.


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