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El régimen comunista Diez años de cárcel por protestar en Cuba: la condena a un manifestante desata duras críticas

Es la sentencia más dura hasta ahora por las marchas de julio. Rechazo de organismos de derechos humanos.

hace 1 mese(s)

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Un manifestante acusado de delitos como desacato y desorden público fue sentenciado a 10 años de cárcel, la mayor pena impuesta a un detenido relacionado con las protestas del 11 de julio en Cuba, según una organización de derechos humanos y sus familiares.

El Tribunal Municipal Popular de San José de las Lajas, un poblado a 35 km de La Habana, impuso a Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, la "sanción conjunta y única a cumplir de 10 años" de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir, indica la sentencia fechada el 6 de octubre y a la que tuvo acceso la agencia AFP, luego de que su familia fuera notificada esta semana.

Tres jueces del tribunal determinaron la culpabilidad de Pérez Fonseca en base a declaraciones del policía local Jorge Luis García Montero, único testimonio reconocido por los magistrados.

Dos testigos de la defensa fueron desestimados por "parciales" y por tratarse de un familiar y un amigo.

El policía declaró que el 11 de julio, Pérez Fonseca "incitaba al resto de las personas a formar grupos, a lanzar piedras y botellas", incluso hacia una tienda local de comestibles en dólares.

Pérez lanzó una piedra que cayó en una muñeca del oficial, "ocasionándole escoriaciones que no requirieron asistencia médica", y aventó otra piedra que impactó en una patrulla "que no presentó daños", además de ignorar la orden de confinamiento por covid-19, indica el documento.

El manifestante sentenciado, padre de dos hijos, fue aprehendido el 16 de julio por este mismo policía en la casa de su madre.

"Excesiva"

 

La sentencia "es excesiva y viola todas las garantías del debido proceso", dijo a AFP Laritza Diversent, directora de la ONG de derechos humanos Cubalex, al indicar que es la pena más larga aplicada por estas manifestaciones.

"Responde a una política penal" con "sanciones severas como efecto ejemplarizante para que el resto de la sociedad se inhiba" para "infundir temor y miedo"

El gobierno cubano insiste en que las protestas forman parte de una estrategia para cambiar el régimen, apoyada por Washington.



La madre del manifestante sentenciado, Liset Fonseca, cree que las verdaderas razones de la larga condena son que su hijo rompió una fotografía del fallecido líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y que enfrentó verbalmente a García Montero cuando detenía a otro joven.

"Romper el cuadro, eso no se puede perdonar. Ellos tenían que hacer algo que fuera un escarmiento grande", dice la mujer, quien adelantó que apelarán la sentencia.

Además, "mi hijo se enfrenta a ese 'Rompe Huesos'", sobrenombre con el que dice se conoce a este oficial en San José de las Lajas, una ciudad de la céntrica provincia de Mayabeque.

Las manifestaciones del 11 y 12 de julio en 50 ciudades al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre", dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.130 detenidos, según Cubalex, con sede en Miami. Más de 560 permanecen en prisión.

Protesta prohibida

 

La sentencia a Pérez Fonseca se conoce cuando crece la tensión en la isla por la marcha opositora programada para el 15 de noviembre, y que fue prohibida por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

La Fiscalía de Cuba advirtió este jueves a los promotores de esa marcha cívica opositora que, si realmente se concreta, incurrirán en delitos como desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir.

Amnistía Internacional criticó este viernes la prohibición de la protesta prevista para el lunes 15 de noviembre y pidió a la comunidad internacional no olvidar "los cientos de personas que fueron detenidas" en manifestaciones pasadas.

En un comunicado que publicó el sitio Cubadebate, la vicefiscal jefa de la Fiscalía de la provincia de La Habana advirtió que si los impulsores de las protestas insisten en realizarla, pese a la negativa oficial de las autoridades, enfrentarán "consecuencias legales por promover y realizar marchas ilícitas".

Los delitos que pueden achacarle a los que convoquen y participen de las protestas son penados con sanciones económicas y privación de la libertad de tres meses a un año.

Cuando el gobierno anunció que vetaría las concentraciones, los activistas anunciaron que mantendrían la convocatoria a una marcha pacífica, una iniciativa inédita en 60 años y un verdadero desafío al Ejecutivo comunista de la isla.


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