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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Juan José Torres exigió a la Fiscalía que inicie de oficio una demanda en contra del presidente Luis Arce por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución, por haber aprobado un decreto presidencial de amnistía inconstitucional que beneficiaba a su militancia.

El legislador dijo que no es suficiente que el MAS abrogue el decreto presidencial 4461 de Concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos, porque las autoridades promovieron una norma “ilegal”.

Señaló específicamente al presidente del Estado, Luis Arce, porque firmó la norma, al igual que los ministros de la Presidencia, María Nela Prada y de Justicia, Iván Lima.

“La persona o personas que promovieron este decreto tienen que ser investigadas, porque se promovió y se aprobó un decreto totalmente inconstitucional”, sostuvo Torres, una de esas autoridades procesadas debe ser el jefe de Estado, insistió.

“Lo único que hizo es premiar aquellas personas que en momentos muy difíciles de la democracia realizaron actos violatorios a los derechos humanos.  Han quemado casas, (buses) Pumakatari, han emboscado en Vila Vila, hubo muertos en Cochabamba y Santa Cruz y esos hechos nunca han investigado”, afirmó el legislador.

La norma referida a la amnistía beneficiaba específicamente a todas las personas que hubieran sido procesadas en el “gobierno de facto”, dice la normativa, la que fue anulada en una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Con la norma el Gobierno pretendía salvar de procesos penales a los militantes o afines al MAS que presumiblemente participaron durante los hechos de violencia entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.

Organizaciones internacionales como la Human Rights Watch y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes observaron el decreto porque no garantizaba una administración de justicia para las víctimas de los hechos que sucedieron durante la crisis política.

Torres precisó que las autoridades ya sea del gobierno de Áñez o de Evo Morales deben ser investigados, independientemente de su color político, dijo que no es admisible que el MAS se conforme con abrogar el decreto 4461 “como si nada”, incluso impidiendo el debate en la Asamblea Legislativa.