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Ministro Lima admite que no hay independencia judicial y no hay fecha para revertir la situación

El ministro de Justicia dijo "necesitamos una justicia independiente" y que harán todos los esfuerzos para lograr este objetivo.

hace 23 dia(s)

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El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, admitió que en Bolivia no hay independencia judicial, incluso dijo que no existe una fecha para que esta situación se revierta, aunque harán todos los esfuerzos para lograr el objetivo.

“Necesitamos una justicia independiente y no vamos a cesar en el esfuerzo para que este objetivo se logre, el compromiso del presidente Arce es que esta Justicia sea independiente y vamos a seguir las recomendaciones del grupo, pero no hay una fecha para que la justicia sea independiente”, dijo según el portal de radio Fides.

Comentó que una justicia independiente se logrará a través de una construcción colectiva de largo aliento. El comentario surge en medio de las voces que piden reformas al sistema judicial el que fue objeto de observaciones por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que puso en la mira la falta de independencia judicial en el país.



Lima señaló que el Gobierno cumplirá con las recomendaciones del GIEI que investigó los hechos de violencia que sucedieron entre septiembre y diciembre del 2019, en su informe final dedicó un capítulo a la necesidad de transformar la justicia boliviana.

El GIEI concluyó en su informe que las falencias identificadas en el sistema judicial en Bolivia son “un problema estructural”, vinculados a la falta de independencia, ausencia del debido proceso, instrumentalización de la justicia y el uso abusivo de la detención preventiva.

El Grupo de expertos abordó cuatro elementos en su análisis del sistema de justicia: la falta de independencia de la administración de justicia, la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, el uso abusivo de la prisión preventiva, y los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.

Asimismo, advirtió que el Estado debe implementar “reformas profundas” en el sistema de justicia con el objetivo de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respete el debido proceso y se utilice la detención preventiva como medida excepcional, como último recurso en los procesos penales.


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