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El Observatorio de Defensoras y Defensores de UNITAS alertó el asedio que sufre actualmente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), tras el nuevo intento de toma por parte de organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y agresiones en contra de la presidenta de esta institución, Amparo Carvajal, y a activistas.

“Ante los distintos hechos de acoso político, estigmatización y criminalización que viene sufriendo Amparo Carvajal, histórica defensora de los derechos humanos en Bolivia, alertamos sobre la situación y los riesgos que afectan a la APDHB”, resalta la alerta lanzada por el Observatorio.

Este miércoles se registraron dos incidentes durante la marcha convocada por la APDHB, en demanda del cumplimiento del debido proceso en las acciones penales en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y otros, en el denominado caso “golpe de Estado”.

El primero se desarrolló al mediodía, cuando la marcha —de carácter pacífico— llegó al Centro Penitenciario Femenino Miraflores, donde Áñez cumple la detención preventiva. En ese momento, grupos contrarios a la liberación de la expresidenta, concentrados en inmediaciones de la cárcel, agredieron a los manifestantes dejando herido al activista Guillermo Paz.

De acuerdo con Unitas, los efectivos policiales que se encontraban en el lugar, no intervinieron para evitar los actos violentos suscitados, “incumpliendo su deber constitucional de defensa de la sociedad y conservación del orden público”.

El segundo hecho sucedió alrededor de las 13.30 horas. Un grupo de personas se instaló en puertas de la APDHB, con el objetivo de tomar sus instalaciones. Dicho grupo, identificado con el cartel del Comité Impulsor del juicio por el caso “golpe de Estado” de 2019, intentó tomar las oficinas de la Asamblea, forzando la puerta de ingreso a tiempo que exigían la destitución de Carvajal.

Según el boletín de alerta, integrantes del grupo llevaban distintivos del MAS y eran lideradas por Aldo Michel, quien, en febrero de 2021, fue denunciado por encabezar un grupo de choque que amenazó con tomar las instalaciones del Colegio Médico de La Paz.

En ese sentido, demandó al Estado investigar estos hechos y “precautelar la seguridad de una organización defensora de derechos, así como la integridad física y psicológica de todos sus integrantes”.

Esta toma se suma a las otras dos en 17 de enero de 2014 y el 6 de febrero de 2017, de acuerdo con los registros del través del boletín Alerta Común de este Observatorio. Por ello, el Observatorio afirma que esos hechos demuestran el asedio que ha sufrido esta organización defensora de derechos durante los últimos años por la labor que desempeña.