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Organizaciones sugieren crear un mecanismo participativo para aplicar recomendaciones GIEI

Dicho mecanismo, señala el comunicado, “de manera independiente e imparcial, deberá investigar, judicializar, sancionar y reparar a las víctimas, devolviéndoles su dignidad, removiendo los obstáculos al derecho a la verdad y a la justicia”.

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Redes, colectivos, articulaciones y organizaciones de Derechos Humanos plantean al Gobierno la creación de un mecanismo de implementación de las recomendaciones del informe para ejecutar las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) realizadas en el informe presentado el 17 de agosto pasado.

Las organizaciones exhortan al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para implementar las recomendaciones del “Informe sobre los Hechos de Violencia y Vulneración a los Derechos Humanos ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019”.

El mecanismo a crear debe ser inclusivo en su composición y debe garantizar la presencia de todas las instituciones llamadas a intervenir.

Este mecanismo permitirá monitorear el desarrollo de las investigaciones, la reapertura de procesos y la promoción de otros necesarios para la verdad y la memoria; desarrollar el “Plan de Atención y Reparación Integral”, para a la restitución de derechos, reparación, rehabilitación y el establecimiento de garantías de no repetición; instaurar procesos de reconciliación, fortalecimiento de valores democráticos, inclusivos y cultura de paz en la sociedad.

También, que aporte al proceso de reforma de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana afianzando los lazos de confianza con la ciudadanía, las prácticas y protocolos de protección de los derechos humanos, con enfoques de género, transparencia e inclusión; la transformación de la justicia, garantizando plena participación ciudadana; y el empoderamiento de la sociedad civil e independencia de sus organizaciones.



Las organizaciones también sugieren la conformación de un mecanismo de justicia transicional, debido a que los graves hechos de vulneración a los derechos humanos generados por acción u omisión de las instituciones que intervienen en la administración de justicia, y la falta de garantías para la independencia e imparcialidad citadas en el informe, “requieren la instauración de un mecanismo especial, imparcial e independiente para la investigación de las actuaciones en el conflicto, otorgar verdad y justicia a la población boliviana sobre los hechos de violencia suscitados en el país”.

Dicho mecanismo, señala el comunicado, “de manera independiente e imparcial, deberá investigar, judicializar, sancionar y reparar a las víctimas, devolviéndoles su dignidad, removiendo los obstáculos al derecho a la verdad y a la justicia”. 

“Esta Comisión no sería contraria al artículo 120 de la Constitución porque se ajustaría a dichas disposiciones, pero garantizaría la imparcialidad e independencia requeridas, considerando que otros países han generado mecanismos transicionales con estas características”.

También piden concretar la anunciada “visita in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, recordando que los compromisos asumidos por el Estado para superar la crisis no se agotaron con la instalación del GIEI, sino que además incluyeron una visita del pleno de la CIDH para la observancia de la situación de derechos humanos en Bolivia.

“Permitiendo además proveer asistencia técnica a las autoridades y generar los consensos necesarios para un mecanismo especial de seguimiento y monitoreo a las recomendaciones formuladas en el informe en orden a fortalecer el Estado Plurinacional de Derechos Humanos, intercultural, democrático, plural, inclusivo, respetuoso de las libertades fundamentales, el principio de laicidad, la despatriarcalización y descolonización con justicia social”, se lee en el comunicado.

Como ha concluido el GIEI en su informe, señala, “Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel– explícita y compartida entre las autoridades del Estado Plurinacional”.

Esta es una condición para “fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente, mediante medidas urgentes, diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos”.


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