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Víctor Hugo Zamora, de “elegido” del MAS al limbo por Senkata

Huido desde la elección de octubre de 2020, el ex ministro no firmó el decreto que viabilizó las matanzas de Senkata y Sacaba y el informe del GIEI le exime de responsabilidad, aunque tiene causas comunes pendientes

hace 2 mese(s)

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Víctor Hugo Zamora sigue en paradero desconocido, aunque todo el mundo lo ubica en Brasil “tramitando el refugio, porque somos perseguidos”, sin embargo, su situación puede cambiar en los próximos días por el leve tratamiento de su persona que da el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacional (GIEI) en la reconstrucción de los pasajes de violencia acaecidos en el país entre octubre y diciembre de 2019.

Quien fuera uno de los pesos pesados de la política tarijeña local – miembro del Consejo Departamental, diputado por Convergencia en 2009 y Senador por el PDC en 2014 siempre de la mano de la agrupación UNIR – y que asumió como Ministro de Hidrocarburos durante el Gobierno de Jeanine Áñez el 14 de noviembre de 2019, tiene varios elementos a su favor que lo pueden liberar del juicio de responsabilidades.

Nombramiento de Zamora

El primero y más importante es que Zamora no firmó el famoso decreto 4078 en el que Jeanine Áñez y su gabinete pretendían eximir de responsabilidad a los militares que utilizaran armas de fuego contra la población civil, porque su nombramiento fue un día después. Áñez tomó el poder el 12 de noviembre y cambió la cúpula militar; al día siguiente nombró al núcleo duro entre los que se encontraba Arturo Murillo en Gobierno, Luis Fernando López en Defensa y Jerjes Justiniano en Presidencia, entre otros, pero dejó numerosas vacantes que fueron completadas al día siguiente. El primer acto de ese Gobierno incompleto fue firmar ese decreto.

Al día siguiente Zamora fue nombrado Ministro de Hidrocarburos, una de las carteras más poderosas del país, ya que la Ley le convierte también en Presidente del Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y por ende, en la última palabra de las grandes decisiones.

El nombramiento de Zamora, ingeniero ambiental, sorprendió a propios y extraños. El hasta entonces senador podía haber corrido la suerte de Áñez, pues en un acuerdo durante la conformación de la Directiva 2019 prefirió cambiar la aburridísima Vicepresidencia Segunda que le correspondía por la Secretaría, que en ese momento le permitía algo más de visibilidad. Con el nombramiento, varios analistas filtraron las relaciones de Zamora en Tarija con una parte pesada del MAS, la del otro senador Milcíades Peñaloza, lo que se interpretó como un gesto para dar continuidad encubierta a la cartera más delicada, por la relación con las transnacionales del petróleo, que felizmente trabajaron siempre con Evo Morales.

Lo que no se sabía entonces es que las representantes del MAS en la mesa chica de la Universidad Católica, donde se consumó el relevo de Morales y se afinó la estrategia del “vacío de poder”, las representantes del MAS plantearon que la Presidencia recayera en Zamora y no en Áñez, según relataron los obispos en el informe de la Conferencia Episcopal sobre lo que aconteció aquellos días, algo que fue descartado.



El segundo asunto, y no menos relevante, es que el informe del GIEI no le da un rol específico a Zamora en el operativo de desbloqueo y liberación de combustible que las Fuerzas Armadas llevaron a cabo a pedido de YPFB en el marco del plan “Sebastián Pagador” con el que se resguardaban las infraestructuras básicas del Estado y que derivaron en la masacre de Senkata.

El informe revela que las protestas se desencadenaron a partir de las 11.15 de la mañana del 19 de noviembre, después de que los camiones y cisternas hubieran salido de la planta y llegado hasta el Colegio Militar del Ejército para posteriormente poder ser distribuidos. El texto también desnuda la falsedad de la hipótesis que decía que los movilizados trataron de volar la planta, idea en la que Zamora sí ahondó en los días posteriores y al parecer ayudó a construir según se deslinda del informe del GIEI, ya que la única cita indica que el Ministro pidió resguardo mucho después de que se dieran los hechos violentos en el muro, pero antes de que se desplegar más acciones violentas por parte del Ejército.

“También se remitieron los informes del día 15 de noviembre de 2019 del personal de YPFB, en los cuales se encuentran copias de múltiples solicitudes de resguardo de la planta el 19 de noviembre de 2019, a las 17:46, 17:54, 18:32, 18:35h, por parte de Víctor Hugo Zamora Castedo, quien se desempeñaba como ministro de Hidrocarburos en ese momento”.

Zamora no habla, pero sí ha dejado reflexiones en su muro de Facebook: “Sobre los operativos tácticos de protección de la planta no le corresponde al ministerio de hidrocarburos intervenir ya que no tiene ninguna atribución sobre la cadena de mando a la Policía Nacional ni al Ejército del Estado, por lo que desconocemos sobre el tema. HOY LES INFORMAMOS QUE ESTAMOS INJUSTAMENTE IMPUTADOS FORMALMENTE POR SUPUESTOS DELITOS DE ASESINATO, HOMICIDIO Y OTROS… Esa es la realidad actual y en resumen lo que ocurrió en este momento complicado de nuestra historia y uno de los motivos por lo que estamos en trámite de refugio para evitar daños a nuestra integridad” dijo el 7 de julio.

Antes también había dicho que hablaría después de las elecciones subnacionales, en relación al pulso que desde hace unos meses mantiene con su otrora amigo y jefe político, Óscar Montes, y que lo acabó relegando para romper la alianza con Áñez, en la que Zamora sí se mantuvo hasta el final. Pero no habló.

Delitos comunes

Más allá de que la relación de hechos pueda alejar a Zamora de un juicio de responsabilidades por los asuntos penales, sí existen otra multitud de causas abiertas a su nombre por la gestión de la cartera de hidrocarburos, donde en apenas 11 meses saltaron múltiples escándalos que iban desde la contratación de los seguros y el catering hasta el abultado daño al Estado que se derivó de la renegociación del contrato de exportación de gas con Brasil, donde se rebajaron los volúmenes de venta obligatoria y se asumió el costo del transporte hasta la frontera – cifrado en unos 50 millones de dólares anuales – causando diversos daños al país.

Zamora había anunciado en este medio poco antes de que concluyera la legislatura en 2019 y se lanzaran las campañas que su intención era volver a Tarija – de hecho, no estaba en ninguna lista - y probablemente descansar de la política, aunque la mayoría lo colocaba en un cargo menos exigente, como el Concejo Municipal de Tarija o la Asamblea Departamental. La política, sin duda, lo llevó por otros derroteros que nadie podía anticipar apenas unas semanas antes de la elección de octubre.


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