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Después de 6 años la CIDH admite demanda por las muertes de la Calancha

El exdiputado Horacio Poppe busca que el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Alfredo Rada sean encarcelados por la muerte de tres universitarios.

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A seis años de presentar la denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la demanda por las muertes y víctimas de La Calancha, Sucre, hecho ocurrido en noviembre de 2007, época en la que se realizaba la Asamblea Constituyente. Las partes fueron notificadas el 8 de julio, posteriormente se asumirá una decisión hacia el Estado boliviano. 

El documento al que tuvo acceso la ANF, en la parte del análisis de los hechos, señala que existen elementos para estimar que la Policía arremetió contra las víctimas mientras participaban en una protesta y que hasta el momento no se dió con los responsables. 

La petición fue presentada el 28 de septiembre de 2015 por el entonces diputado Horacio Poppe y Erick Fajardo, debido a la falta de avance del proceso de investigación en el país por las muertes de tres personas en los conflictos del 24 y 25 de noviembre del 2007.



En ese contexto, Poppe resaltó la decisión del organismo internacional y afirmó que esta fue una promesa que hizo cuando asumió el cargo como diputado nacional. Espera que el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Alfredo Rada sean encarcelados por los hechos luctuosos. 

Las observaciones 

La Comisión hizo una evaluación de los alegatos presentados por los denunciantes y el Estado, que respondió a la demanda el 19 de julio de 2019. En ese sentido, la CIDH afirmó que el presente caso, y luego de considerar los procesos judiciales, desde la perspectiva del análisis del agotamiento de los recursos internos, las muertes de Gonzalo Durán, José Luis Cardozo y Juan Carlos Serrudo no fueron investigadas y sancionadas debidamente. 

A la vez, observó que los hechos denunciados ocurrieron a finales de 2007 y las investigaciones iniciaron posteriormente, lo que ocasionó que los hechos de impunidad denunciados y sus consecuencias perduran hasta la fecha, por tanto la CIDH estima que la petición cumple con el requisito de plazo. 


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