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TCP: No hay actas que den constitucionalidad a la sucesión de Áñez

El documento fue enviado el 20 de julio y se encuentra firmado por el secretario general del TCP, Marvin Molina

hace 1 mese(s)

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El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) envió una carta a la comisión de fiscales que investiga el denominado caso “golpe de Estado” en la cual aclaró que no existe ninguna “sentencia, declaración o auto constitucional” que avale la sucesión constitucional de la expresidenta Jeanine Áñez en 2019.

El documento fue enviado el 20 de julio y se encuentra firmado por el secretario general del TCP, Marvin Molina, en respuesta a un requerimiento fiscal emitido el 13 de abril de este año dentro de la investigación impulsada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty.

“De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar de esta institución, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producida el mes de noviembre de 2019”, se lee misiva difundida por el diario Correo del Sur. 

Durante la crisis de noviembre de 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales, en medio de un ambiente de convulsión en el país por denuncias de “fraude electoral” de los comicios anulados de ese año, Áñez se proclamó titular del Senado y luego, por “sucesión constitucional”, asumió la Presidencia de Bolivia.



Sin embargo, el 12 de noviembre de ese año, el TCP emitió un comunicado en el que se invocaba a la Resolución 003/2001 con la que el vicepresidente Jorge Quiroga asumió la presidencia del país en 2001.

Un día después, el magistrado del TCP, Gonzalo Hurtado, ratificó la legalidad de Áñez como mandataria de Estado.

Antes de la dimisión de Morales y Álvaro García Linera, su vicepresidente, renunciaron a sus cargos Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado, y Víctor Borda, expresidente de la Cámara de Diputados.

Ambos aseguraron que fueron “presionados” para dejar sus cargos.


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