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Apdhlp pide a la CIDH que retiré medidas cautelares a Cox, al que acusa de abuso de poder

En pasado días el viceministro de Regímen Interior advirtió con procesos a legisladores que desinformen sobre el caso armas.

hace 2 mese(s)

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La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Apdhlp), María Cárdenas, envió una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que solicita que le quiten las medidas cautelares a Nelson Cox, exdelegado de la Defensoría del pueblo en Cochabamba y actual viceministro de Régimen Interior y Policía.

 Además lo acusa de incurrir en abuso de poder al amenazar con procesos a políticos que desinformen sobre el caso armas.

Las medidas cautelares es un mecanismo de protección de la CIDH, que solicita a un Estado que  proteja a una o más personas que están en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Luego de la renuncia de Evo Morales, la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, y Cox, que en ese momento era adjunto de esa institución en Cochabamba, participaron en actos políticos del Movimiento al Socialismo (MAS). Esto aconteció durante los conflictos postelectorales del 2019.



Parte de la población y la oposición los acusaron de “parcializarse y ser serviles a los intereses del MAS”. En este sentido activistas se organizaron e hicieron tomas pacíficas de oficinas defensoriales. Luego de ello, tanto Cruz como Nelson Cox solicitaron a la CIDH que les otorgue medidas cauteles, petición que fue concedida.

“El señor Cox declaró ante los medios de comunicación que investigará y procesará a toda persona que desinforme sobre el caso de supuesto tráfico ilícito de armas. Estas declaraciones implican una grave violación al derecho a la libertad de expresión y garantías judiciales. (…) La autoridad, en lugar de encontrarse en una situación de peligro y extrema gravedad, se encuentra ejecutando acciones que constituyen en abusos de poder”, detalla la misiva enviada al organismo internacional.

En pasado días el viceministro manifestó que los legisladores que desinformen sobre el caso de supuesto envío de armamento de Argentina a Bolivia serán procesadas. Explicó que no se trata de ningún show, porque tiene pruebas de este hecho.

La Apdhlp señaló que esas palabras atentan contra el derecho a la libertad de expresión, el cual está garantizado por la Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 21.

Página Siete


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