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ENDE Tecnologías reporta daño económico de Bs 300.000 por dos contrataciones irregulares durante el gobierno de Áñez

hace 3 mese(s)

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El gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad – Tecnologías (ENDE Tecnologías), Omar García, informó este viernes que la ejecución de auditorías especiales determinó que esa entidad estatal tuvo un daño económico de cerca de Bs 300.000, por irregularidades y presuntos delitos en dos procesos de contratación y donación de material de bioseguridad y alimentos efectuados durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Se pudo evidenciar dos procesos de contratación irregulares, que derivaron en la realización de auditorías especializadas. Como resultado de las mismas se estableció, por un lado, un posible daño económico y presuntos ilícitos penales (…). Estos dos procesos fueron realizados en la anterior gestión”, aseveró en una conferencia de prensa.

La autoridad estatal explicó que los informes de las autorías y circunstanciados de cada caso serán derivados a la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que se presenten las correspondientes denuncias al Ministerio Público.

Detalló que el proceso de contratación y posterior donación de material de bioseguridad se efectuó por un monto de Bs 100.000.

“Asimismo, (se detectó) irregularidades en el proceso de contratación y posterior donación de insumos alimenticios por emergencia e incendios por un monto de Bs 200.000”, agregó.



El asesor legal de ENDE Tecnologías, David Barriga, detalló que las auditorías especiales fueron efectuadas entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020.

“En ambos procesos hay vulneraciones a los reglamentos para la contratación y la disposición de esos bienes (…). Son responsables el exgerente, un exdirector y el coordinador institucional, quienes desarrollan todas las acciones, todas las operaciones que van a culminar en estos procesos irregulares”, sentenció.

El responsable legal mencionó que en el caso de insumos de bioseguridad se compró 17.000 barbijos y 50.000 guantes, para ser donados a 1.200 personas de una comunidad indígena que no hizo solicitud alguna, con el pretexto del inicio de la pandemia del COVID-19.

Los alimentos, acotó, fueron comprados para donarlos durante los incendios que se registraban en el departamento de Santa Cruz.

“Es muy probable que se hubieran montado fraudulentamente los procesos (…). Hay dos tipos penales, presumiblemente, son contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica”, concluyó.


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