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Thomas Becker: "Caso gases lacrimógenos involucra a Murillo y a altos cargos de Defensa y Gobierno del régimen golpista"

hace 4 mese(s)

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El abogado estadounidense Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, informó que dentro del proceso contra Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete del  entonces ministro de Gobierno del régimen, Arturo Murillo, acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero, también están involucrados otros dos exfuncionarios de alto rango de los ministerios de Gobierno y Defensa del gobierno de facto.

“Como digo, hay dos personas del gobierno (de Jeanine Áñez) que no son nombrados todavía, pero son parte de la operación, uno del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio de Gobierno”, dijo en contacto con el canal televisivo ATB.

Becker, ratificó que son tres personas, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes sobornaron a Méndez y a un exfuncionario del Ministerio de Defensa, aún no identificado, para que el régimen de Jeanine Áñez compre gases lacrimógenos y armamento no letal a una empresa brasileña a través de un intermediario, identificado como Intermediary Company.

“Según la información que hemos recibido hay muestras de las llamadas que evidencian que Sergio recibió dinero ilegalmente para comprar estos armamentos no letales”, dijo el abogado.

Este caso, según comentó Becker, fue seguido por una agencia especial de investigaciones de EEUU, que también comenzó el juicio contra Méndez y otras personas porque escucharon varias llamadas y detectaron actos de corrupción, “entonces el gobierno de EEUU comenzó este juicio, no personas civiles”, subrayó.

El abogado también mencionó la posibilidad de que el exministro Murillo sea procesado, además de otras personas que estuvieron involucradas en estos hechos de corrupción.

“Hay personas que están involucradas en el mando de responsabilidad, el jefe Murillo también puede ser procesado si estaba involucrado, como digo hay dos personas del gobierno que no son nombrados todavía, pero son parte de la operación”, ratificó.

La investigación del FBI, revela que la empresa intermediaria, ubicada en Estados Unidos, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso (dinero que sirvió también para pagar los sobornos a los exfuncionarios bolivianos).



"Al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Co-Conspirador 1, Co-Conspirador 2, y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener del gobierno contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia (sic)", detalla el documento traducido al español.

El 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactital Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

El documento del FBI también señala que los depósitos de pago de parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank.

Por su parte, el exministro de la Presidencia del gabinete de Áñez, Jerjes Justiniano, señaló que en el proceso de adquisición de gases lacrimógenos y armamento no letal existió un negociado con un contrato perjudicial para el Estado boliviano, utilizando a una empresa intermediaria de EEUU, creada en EEUU y muy vinculada a Arturo Murillo.

“Este caso desvirtúa el tema de que la persecución a Murillo es política, creo que aquí hay procesos penales por los que tiene que responder, no de connotación política sino de connotación de corrupción”, enfatizó.

Justiniano lamentó que, en un momento delicado políticamente para el país, el gobierno de facto se haya dedicado a enriquecerse y a cometer actos de corrupción.

“No se olviden ustedes que este funcionario tenía calidad de asilado en EEUU y resulta que ahora está prácticamente detenido, lo que puede pasar lo mismo con Arturo Murillo que teniendo supuestamente calidad de asilado político ahora termine siendo también perseguido en EEUU y termine huyendo de EEUU lo que ya no nos causaría sorpresa”, finalizó.


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