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Bolivianos acuden a la CIDH para frenar proyecto en Perú que afectará el agua

hace 5 mese(s)

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El Directorio de Cuenca de Usuarios de las Aguas del Desaguadero-Mauri (Dicuadema) informó que está presentando una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para frenar las obras de trasvase del Río Mauri, porque afectará el sistema hídrico para regiones de La Paz y Oruro.

El proyecto cuestionado se denomina Vilavilani II Fase I, que es impulsado en Tacna y que pretende trasvasar aguas del río Mauri. Las obras tienen rechazo incluso de la región de Collao en Perú, donde también se advierte que afectará el recurso hídrico en su región.

Según el Dicuadema, con el proyecto se afectará el equilibrio medio ambiental del Sistema Hídrico Titicaca - Desaguadero - Poopó - Salar de Coipasa, además del lago Uru Uru y decenas de sistemas de riego en Bolivia, bofedales, y miles de familias. 

Explicó que actualmente el gobierno regional de Tacna ya trasvasa del Río Mauri 1.700 litros por segundo, pero con el proyecto mencionado se planea incrementar un caudal promedio de 600 litros por segundo adicionales. 



“A este inmenso volumen de agua se suman 500 litros por segundo que se planea recoger de los Pozos de El Ayro, los cuales también serian canalizados hacia Tacna, dando un total aproximado de 2.700 litros por segundo de agua trasvasada de la Cuenca del altiplano a la cuenca del Pacífico”, alertó mediante nota de prensa.

Además, observó que al reducirse el caudal del río, se deteriorará la calidad de agua del mismo debido al incremento de las concentraciones de arsénico, boro, antimonio, plomo, sales y otros elementos tóxicos en suelos de bofedales y tierras de cultivos de tubérculos, granos, forrajes y en organismos acuáticos en territorio boliviano.

Según el Dicuadema, con este proyecto Perú también incumple acuerdos suscritos por Bolivia.

En ese marco, se acude a la CIDH para evitar daños irreversibles a comunarios de Perú y Bolivia y a los derechos de la Madre Tierra y los derechos fundamentales de las futuras generaciones consagrados en el pacto de San José.

“El gobierno del Perú debe tomar conciencia que, de persistir en este Proyectó unilateral, Ilegal e inconsulto, afectará los derechos de aproximadamente 100.000 personas en Bolivia”, agregó el Dicuadema. 


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