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Óscar Ortiz: "No firmé ningún decreto sobre Fundempresa"

hace 23 dia(s)

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Después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) citara al exministro Óscar Ortiz por el caso Fundempresa, este sostuvo que acudió en calidad de testigo y que no fue él quien firmó el Decreto Supremo 4356 para extender la ampliación, por 15 años, de la concesión del Registro de Comercio a Fundempresa.

El ministro de Justicia, Iván Lima, es quien impulsó la acusación sobre este tema contra el expresidenta transitoria Jeanine Áñez y los exministros Abel Martínez y Adhemar Guzmán, ambos comandaron la cartera de Desarrollo Productivo y Economía Plural y también fueron citados por el Ministerio Público.

Hay una serie de citaciones en marcha. El documento firmado por el fiscal general, Juan Lanchipa, indica que las exautoridades son acusadas por la comisión de los siguientes delitos: resoluciones contrarias a la Constitución, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

"Ha concluido mi declaración como testigo en la acusación contra Jeanine Áñez y los ex ministros Abel Martínez y Adhemar Guzmán. Respondí todas las consultas", dijo Ortiz, a tiempo de señalar que el decreto de ampliación de contrato no fue firmado por su persona, ya que cuando se firmó él ya no formaba parte del gabinete de la administración de Áñez. 

Además, Óscar Ortiz recordó que el decreto que ampliaba la concesión a Fundempresa ya no está vigente, puesto que el presidente Luis Arce Catacora lo abrogó tiempo después de asumir el mando del Estado.

"He actuado en el marco estricto de la ley y los intereses del país y estoy abierto a acudir a las convocatorias y citaciones que me realicen desde el Ministerio Público", apuntó Ortiz.



Fundempresa solo funcionará hasta septiembre

El actual ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció en diciembre que el Gobierno transitorio vulneró la normativa y el Contrato de Concesión del Servicio Público de Registro de Comercio, que se encuentra vigente hasta el 29 de septiembre de 2021, bajo la administración de Fundempresa, a través del Decreto Supremo 4356, del 29 de septiembre de 2020.

La autoridad explicó que no se procedió con la correspondiente licitación pública nacional y que, de manera irregular emitió dicho decreto y se suscribió una adenda ampliando el plazo de la concesión por 15 años antes de culminar su gestión, modificando a su vez la distribución de los recursos que genera Fundempresa, por la prestación del servicio en desmedro de los intereses del Estado, según un comunicado de esta cartera de Estado.

Frente a esa 'ilegalidad', Huanca dijo que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante el Decreto Supremo 4407 del 2 de diciembre de 2020, abrogó el Decreto Supremo 4356, que ampliaba la concesión del servicio público del Registro de Comercio por 15 años adicionales en favor del Consorcio para el Registro Mercantil (Fundempresa), y autorizaba la suscripción de adenda.

“El Decreto Supremo 4407 corrige la vulneración ocasionada por el Gobierno transitorio, para que no se vulnere la buena fe y salvaguarde los intereses y patrimonio del Estado, y garantiza la continuidad del servicio a través del Concesionario con seguridad jurídica”, manifestó. Además, Huanca añadió que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural continuará con las tareas de regulación, control y fiscalización garantizando la continuidad del servicio prestado a través de Fundempresa.

Asimismo, la autoridad estatal remarcó que, con los recursos que percibe Fundempresa, esta fundación debería haber realizado inversiones para mejorar la calidad del servicio y modernizar el acceso en favor de los usuarios, situación que se verificará. 

El tema del Registro de Comercio y Fundempresa es un ejemplo de una alianza público-privada de larga data entre el Gobierno central y el sector privado, cuyas máximas esferas empresariales se turnan para comandar la inscripción de nuevas empresas, entre otras tareas referidas a las empresas.


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