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El CIDH escuchó a más de 80 víctimas y testigos de los hechos de noviembre 2019

hace 2 mese(s)

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En su primera etapa de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó seis departamentos y escuchó a más de 80 víctimas y testigos de los hechos de violencia suscitados a fines de 2019. 

“Los expertos y el equipo técnico del GIEI estuvieron en diversos departamentos del país como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre y Oruro. En estas oportunidades pudieron escuchar a más de 80 víctimas y testigos, para un primer acercamiento”, detalla el comunicado Balance y cierre de las actividades del GIEI-Bolivia 2020.

El GIEI informó que el 20 de diciembre culminó sus actividades, y que a partir de esa fecha los expertos y el equipo técnico retornaron a sus países para comenzar con el procesamiento de la información obtenida en las múltiples reuniones de trabajo.

“Desde su instalación,  el GIEI-Bolivia ha acudido a diversas reuniones con autoridades, organizaciones, víctimas, entre otros. Dichas reuniones de trabajo se realizaron con la finalidad de obtener información y generar enlaces para el cumplimiento de los objetivos y mandato del GIEI-Bolivia, buscando siempre coadyuvar para la garantía de los derechos humanos de acceso a la justicia y verdad en Bolivia”, se lee en el comunicado. 

El Grupo de la CIDH se reinstalará en La Paz el 4 de enero para retomar su agenda de trabajo,  que culminará en mayo de 2021. La entidad comenzó su labor  en Bolivia el 23 de noviembre y mantuvo reuniones de trabajo  con autoridades del  Ejecutivo. También sostuvo encuentros con los representantes de  las cámaras de  Diputados, de  Senadores y del Tribunal Constitucional.

El GIEI mantuvo un encuentro con los familiares y víctimas de Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). El 30 de noviembre, el grupo de expertos estuvo en Potosí para reunirse con los afectados por la violencia en Vila Vila y Challapata. El 15 de diciembre comenzó con la toma de testimonios individuales en El Alto. 



En la primera fase de su estadía en Bolivia, el GIEI también entrevistó a la expresidenta  Jeanine Añez; al  excandidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa;  y a representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade). 

Esta última institución propuso  a los investigadores que cuando  terminen  las pesquisas planteen  a la Asamblea Legislativa Plurinacional que abra un juicio de responsabilidades en contra de los expresidentes Evo Morales y Jeanine Añez por los sucesos de fines de  2019.

Los investigadores internacionales también mantuvieron reuniones con el fiscal general, Juan Lanchipa,  y con los fiscales departamentales de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba,  y con la representación de la Defensoría del Pueblo. 

Además de esos encuentros, el GIEI informó que sostuvo reuniones con tres organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y representantes de la comunidad internacional.

Cuando retornen a Bolivia, los investigadores empezarán una segunda etapa de  trabajo. Esa fase se concentrará en la toma de testimonios individuales, búsqueda de documentos y análisis de las evidencias. 

Desde el Grupo de la CIDH informaron que las  tomas de testimonios serán hechas en privado, para preservar la identidad de las víctimas, así como garantizar que puedan aportar con seguridad a la verdad de los hechos.
 

Grupo de la   CIDH 

  • Origen   El GIEI se creó en diciembre de 2019 mediante un acuerdo entre la CIDH y el Estado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los DDHH ocurridas entre septiembre y diciembre de 2019.
  • Entrevistas   El grupo ya terminó su primera etapa de trabajo.  A partir del 4 de enero  se reinstalará en La Paz para retomar su  agenda. 
  • Integrantes    El grupo de expertos está conformado por el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; el británico Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, abogada experta en derecho constitucional económico; el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal de Brasil; y la argentina Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos-Unesco.

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