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A un año de la masacre de Huayllani, predominó el encubrimiento y la impunidad

El Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, explicó que si bien existió una comisión conformada de Fiscales, es lamentable que les hayan restringido el acceso a la justicia a las víctimas

hace 8 mese(s)

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A un año de la masacre de Huayllani en el municipio de Sacaba, la Defensoría del Pueblo considera que hubo encubrimiento y complicidad de quienes pretenden favorecerse de la impunidad, de manera tal que no se avance en la planimetría, la reconstrucción de los hechos y las pericias de balística, entre otros para poder determinar con certeza de qué servidores públicos vinieron los proyectiles, el ángulo y la distancia de las balas.

El Delegado Defensorial Departamental de Cochabamba, Nelson Marcelo Cox Mayorga, explicó que si bien existió una comisión conformada de Fiscales, es lamentable que les hayan restringido el acceso a la justicia a las víctimas debido a que hubo una marcada obstaculización de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana para facilitar información que debía haberse generado transparentemente en los meses venideros a noviembre de 2019.

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“La comisión de Fiscales a casi un año de la masacre de Huayllani, no ha podido avanzar en las investigaciones, debido a la negativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, quienes también negaron dicha información a la Defensoría del Pueblo, pese a que se pidió con notas formales, haciéndonos saber que era “seguridad de Estado”, además, tampoco proporcionaron información del avance de las investigaciones al mismo Ministerio Público”, dijo Cox Mayorga.

Aseveró que a raíz de los testimonios de los detenidos, los heridos y los familiares de las víctimas, se tiene información que ya se cursaron citaciones contra el exComandante Departamental de la Policía y el Comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, quienes estaban al mando de las tropas militares y policiales a quienes se les debe imputar penalmente.

La Defensoría del Pueblo espera que la comisión de fiscales no solo asuma criterios investigativos con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), sino con otros institutos que existen a nivel latinoamericano que podrían transparentar la investigación para que den certeza comprobada de la procedencia de este tipo de armamento y a qué servidor público corrsponde, desde qué distancias se dispararon y todo lo que tiene que efectuarse para recolectar más elementos técnicos que coadyuven a esclarecer la masacre de Huayllani.


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