Tras anularse orden de aprehensión y obrados, Arce evalúa el momento para dejar la residencia mexicana
El abogado del exministro, Aimoré Álvarez Barba, declaró este domingo que no solo se anuló la aprehensión, sino que todos los obrados por la acumulación de pruebas de manera ilegal en la investigación a cargo del Ministerio Público.
Tras la decisión del juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro, de anular la orden de aprehensión contra Héctor Arce por faltas al debido proceso en el caso fraude electoral, el exministro de Evo Morales evalúa el momento en que abandonará la residencial mexicana en La Paz.
El abogado del exministro, Aimoré Álvarez Barba, declaró este domingo que no solo se anuló la aprehensión, sino que todos los obrados por la acumulación de pruebas de manera ilegal en la investigación a cargo del Ministerio Público.
Álvarez fue exfiscal departamental de Tarija y observa que la orden de aprehensión tiene falta de argumentación, falta de congruencia, falta de lógica y falta de trabajo intelectivo en el proceso contra Héctor Arce, por lo que se concedió la tutela a favor del exministro de Justicia.
Indicó que el proceso continúa, pero considera que el Ministerio Público tiene que actuar con objetividad, en el marco de la ley, con transparencia y permitiendo acceder al cuaderno de investigaciones.
Anunció que en las próximas horas tomarán una decisión de abandonar la residencia mexicana en la zona de La Paz, donde permaneció casi 11 meses después que el año pasado estallara la crisis social y política.
El diputado opositor Amilcar Barral dijo que también se enteró que el exdirector de la Agetic Nicolás Laguna fue beneficiario con el rechazo de la denuncia en su contra, lo que en su criterio “demuestra que el MAS siempre manipuló la justicia y obviamente ningún juez ningún fiscal se atreverá hacer algo contra el MAS”.
Afirmó que los delitos electorales están comprobados porque los mismos exfuncionarios lo han confirmado ante los investigadores.
Su colega Víctor Borda del MAS negó las acusaciones de Barral, señalando que el procedimiento indica que, si no hay un fundamento fático y jurídico, no se puede tener a una persona bajo orden de aprehensión.
“Seguramente la decisión de anular una resolución tendrá un fundamento adecuado y pertinente”, manifestó.
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