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En medio de la pugna por la aprobación de préstamos internacionales, la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, promulgó el Decreto Supremo 4311, el 24 de agosto, que autorizó la suscripción del Convenio de Crédito CBO 1036 02 K con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por $us 119 millones (100 millones de euros), que ahora requiere la autorización de la Asamblea Legislativa para ser empleado en la lucha contra la pandemia.

En sus consideraciones, esta norma expone que se trata de un préstamo para el proyecto “Apoyo a Familias más Vulnerables por COVID-19”, con el objetivo de ayudar al Gobierno para “enfrentar los choques exógenos que afectan el bienestar de las poblaciones y la estabilidad económica y social del país”.

En sus tres artículos, el decreto explica el objeto, autoriza la suscripción del convenio y dispone su remisión a la Asamblea para su consideración y aprobación.

“Se autoriza al Ministro de Planificación del Desarrollo, a suscribir con la AFD, en nombre y representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el Convenio de Crédito N° CBO 1036 02 K, por un monto de hasta EUR100.000.000.- para el Proyecto Apoyo a Familias más Vulnerables por COVID-19”, destaca el segundo artículo.

Establece también que una vez cumplidas las formalidades de ley, se proceda a la transferencia de los recursos del crédito a favor del Ministerio de Economía, en su condición de entidad ejecutora.

La firma del convenio se da en medio del conflicto de poderes por la aprobación de créditos de entidades internacionales. El Gobierno exige al Movimiento Al Socialismo (MAS), que es mayoría en el Legislativo, que apruebe un crédito de $us 327 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de un bono, mientras la oposición le demanda transparencia.