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Violencia, persecución y graves violaciones de DDHH: la ONU publicó su informe sobre la crisis postelectoral de 2019

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas da a conocer su especial preocupación por los operativos militares- policiales en Senkata y Sacaba y la persecución judicial por parte del Gobierno de Añez en contra de ex autoridades del MAS.

hace 8 mese(s)

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La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó hoy un informe en el que detalle las “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas en Bolivia entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre del 2019, en medio de una crisis post electoral enmarcada por denuncias de fraude y que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales – el 10 de noviembre- y la posterior asunción de Jeanine Añez.

En ese sentido, el informe de la ONU da cuenta de un gran número de vulneraciones a los derechos humanos durante todo el conflicto post electoral.

“Alrededor de 30 personas murieron durante las protestas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre, y al menos 20 de estas muertes ocurrieron durante operaciones de la policía y las fuerzas armadas. Algunos testimonios indicaron que las fuerzas de seguridad recurrieron al uso innecesario o excesivo de la fuerza contra los manifestantes y utilizaron armas para dispersar a la multitud. El Gobierno ha negado que las fuerzas de seguridad hayan utilizado armas de fuego contra los manifestantes”, señala la ONU.

En particular, hace especial énfasis en los operativos policiales- militares desarrollados en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), ya durante el Gobierno de Añez con números fatales: 19 personas muertas entre ambos hechos.

“Me preocupa profundamente que, nueve meses después, aún no ha habido rendición de cuentas por las muertes en Sacaba y Senkata, ni para la mayoría de las muertes ocurridas en el período cubierto por nuestro informe", señaló al respecto la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

El informe de la ONU, por otro lado, también da cuenta que “otras violaciones documentadas incluyen la detención arbitraria de 28 personas en El Alto (La Paz) el 11 de noviembre de 2019, quienes fueron sometidas a tortura y otras formas de malos tratos por parte de la policía”.



Asimismo, el organismo también pide investigar la agresión a periodistas y personas que trabajaban en la Defensoría del Pueblo y expresa su preocupación por atentados a la libertad de expresión, al debido proceso y muestras de racismo.

Por otro lado, la ONU también expresa su especial preocupación por la “persecución judicial” de parte del actual Gobierno a ex autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Otro motivo de preocupación destacado en el informe es la forma en que funcionarios o personas vinculadas al anterior Gobierno fueron objeto de supuesta persecución judicial, lo que pone de relieve las deficiencias de larga data del sistema judicial boliviano, y de ahí la necesidad e importancia de garantizar el debido proceso”, señaló la ONU.

En ese sentido, en su informe, la ONU formula una serie de recomendaciones destinadas a “fomentar la protección de los derechos humanos, evitar esas violaciones y promover las condiciones necesarias para la celebración de elecciones pacíficas, participativas e inclusivas”.

"Nuestras recomendaciones también tienen como objetivo ayudar al Estado Plurinacional de Bolivia a emprender cambios y reformas estructurales para abordar las causas profundas de las crisis que se han desencadenado en el país. Entre ellas se incluyen la garantía de la rendición de cuentas por las violaciones y el fortalecimiento de las instituciones del país en beneficio de todos los bolivianos", dijo Bachelet.

Entre las recomendaciones están el que se garantice las investigaciones imparciales de las violaciones de derechos humanos; respetar las normas y estándares internacionales sobre uso de la fuerza; desarrollar de forma progresiva una reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso; asegurar que la detención preventiva se aplique de manera excepcional; asegurar que la Defensoría del Pueblo sea protegida ante cualquier forma de presión, ataques o represalia vinculada a su trabajo; y promover un ambiente seguro y propicio para las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales, periodistas y otros actores de la sociedad civil.


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