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Bancada del MAS en Diputados impulsa un proyecto de ley para la protección de la protesta social

Esta tiene por objeto ratificar todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

hace 6 mese(s)

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La Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados impulsa un proyecto de ley para la protección de la protesta social, ante el anuncio del inicio de procesos penales contra dirigentes de organizaciones que realizaron el bloqueo de caminos para defender la democracia y la salud de los bolivianos. 

La propuesta denominada “Ley extraordinaria para la protección y no criminalización de la protesta social”, fue presentada por la diputada Betty Yañíquez, jefa de Bancada del MAS. 

Esta tiene por objeto ratificar todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales. 



Asimismo, ratifica los derechos más favorables contenidos en Tratados e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos a favor de todos los líderes sociales, dirigentes sindicales y cualquier persona movilizada del campo o la ciudad que en ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales participaron de las movilizaciones sociales de agosto de 2020 en defensa de la vida, la democracia, la educación y el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1304. 

La normativa fue propuesta por el diputado Édgar Montaño (MAS), quien afirmó que se elaboró un anteproyecto para evitar que los dirigentes que impulsaron el cierre de carreteras sean detenidos y procesados injustamente.

"Este anteproyecto no viola la Constitución Política del Estado, tampoco las leyes y, por lo tanto, va a proteger a los dirigentes que en su legítimo derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, están pidiendo libertad de expresión y democracia", indicó Montaño.

Por doce días, organizaciones sociales paralizaron las carreteras del país como una medida de protesta ante el incumplimiento de la fecha de elecciones generales que se debían realizar el 6 de septiembre proximo; además, por la falta de atención por parte del Gobierno a las consecuencias sociales y económicas generadas por la pandemia del coronavirus en el país.


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