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Gobierno instruye corte de servicios en el Chapare para asfixiar a sectores movilizados

En la región de Chapare las entidades financieras suspendieron su atención desde noviembre de 2019 por la salida de los policías de la región tras los conflictos poselectorales.

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El Gobierno transitorio de Jeanine Áñez instruyó el corte de servicios del Banco Unión y la extensión de hojas de ruta para estaciones de servicio en el trópico de Cochabamba, con el fin de asfixiar a los sectores movilizados, situación que fue calificada como una “provocación”.

“Denunciamos ante la opinión pública el cierre repentino y de manera inexplicable de la entidad financiera Banco Unión y la suspensión de extensión de hojas de ruta para estaciones de servicio (surtidores) lo que significa que cualquier momento cortarán el servicio de la distribución de carburantes en toda la región del Trópico de Cochabamba”, alertó el vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez.

El dirigente aseguró que no es la primera vez que se registran esas acciones por parte del Gobierno y que este proceder incrementa la molestia entre los manifestantes.



“Estas son acciones que vienen desde el Gobierno de facto y son una forma de mayor provocación a la región. Por la importancia del caso, pedimos la inmediata regularización de los servicios, porque se va a afectar a varios rubros, principalmente a las ambulancias que están funcionando de manera permanente”, advirtió.

Esta sería la tercera vez que el Gobierno decide el corte de servicios en esa región cochabambina, como una medida contra quienes protestan por las malas políticas que se aplican en el país, principalmente en medio de la pandemia por el coronavirus.

En la región de Chapare las entidades financieras suspendieron su atención desde noviembre de 2019 por la salida de los policías de la región tras los conflictos poselectorales.

En abril pasado, el Banco Unión había retomado operaciones en sus agencias, pero éstas fueron suspendidas nuevamente dejando al menos a 195 mil personas sin poder realizar transacciones financieras.


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