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Oposición rechaza declaración de Áñez de que no hubo pérdida económica por caso respiradores

IME Consulting exige el pago del 50% restante (2,2 millones de dólares) como condición para entregar los accesorios y el software que volverían operables a estos equipos.

hace 14 dia(s)

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La oposición rechazó este lunes la declaración de la presidenta Jeanine Añez referida a que no hubo daño económico al Estado en la compra de los 170 respiradores españoles debido a que sólo se pagó el 50% del total.

El domingo, entrevistada por Unitel, la presidenta Añez dijo: “El Estado no ha perdido ni un centavo, el 50% del monto fue pagado y decidí congelar el otro 50% porque hubo un hecho de corrupción. Así los bolivianos no perdieron ni un centavo”.

Voceros de Comunidad Ciudadana y del MAS refutaron esa declaración y señalaron que, debido a que los 170 respiradores están en desuso por falta de accesorios y software, sí hubo daño económico al Estado. Se pagó por ellos la suma de 2,2 millones de dólares, el 50% del contrato total.

“La declaración que hizo la señora Presidenta es incoherente porque, primero, se pagó un porcentaje, entonces no vamos a decir que no hubo daño económico. Y segundo, no solamente hubo daño económico sino que también hubo daño a la salud de la población”, dijo a Brújula Digital la médica Cecilia Vargas, vocera de Comunidad Ciudadana para asuntos de salud.

“No olvidemos que primero se compraron los mal llamados ‘respiradores’ porque en realidad son AMBUs automatizados y que no eran los adecuados. El segundo problema es que, aunque hubieran sido inclusive los equivocados, llegaron incompletos, ni siquiera se están usando por lo menos para transporte de pacientes de emergencia”, agregó. Ello debido a la falta de accesorios.

La diputada Alicia Canqui, del MAS, integrante de la comisión que investiga el tema, consideró que la Presidenta “no se ubica” porque sí hubo un gasto, ya que el 50% del monto total que se pagó “salió del Estado, del dinero los bolivianos”.

Canqui agregó que esos equipos “ni siquiera funcionan” porque la falta de software y accesorios. Por ello considera que el Gobierno compró “chatarra”, ya que no se pueden usar en la presente coyuntura de crisis sanitaria.



“Aquí se ha gastado dinero y, como hemos dicho, caiga quien caiga se tiene que aclarar, así sea del oficialismo o la oposición. Se tiene que remitir el informe de la comisión como corresponde”, sostuvo Canqui. La diputada expresó que con el monto pagado por los respiradores podrían haberse adquirido otros equipos necesarios para evitar la expansión del Covid-19.

Al ser consultada sobre la afirmación de Añez, la diputada María Calcina, de Unidad Demócrata, consideró que la comisión especial está en plena labor para establecer o rechazar aquello.

“No tenemos la capacidad de juzgar ni dictar sentencia alguna. El trabajo en nuestra comisión, como se ha establecido y bajo la confianza de la Asamblea en pleno, es hacer la investigación que corresponda. En cuanto a la adquisición de esos 170 respiradores, hemos remitido las notas correspondientes para que nos hagan llegar la documentación, contratos y también a personas para que vengan a declarar”, sostuvo.

Calcina señaló que la pesquisa que lleva adelante la comisión legislativa debe ser transparentes y no encubrir a nadie, sea autoridad o exautoridad. La diputada recordó que la comisión tiene 90 días para cumplir con su labor investigativa.

En mayo pasado se denunció la compra de 170 respiradores en un precio de 27.000 dólares cada uno, cuando la empresa española GPA Innova, que produce los equipos, dijo que los vendió en 7.194. La intermediaria, IME Consulting, entregó los equipos en un precio cuatro veces mayor.

IME Consulting exige el pago del 50% restante (2,2 millones de dólares) como condición para entregar los accesorios y el software que volverían operables a estos equipos.

Por este caso hay cinco personas detenidas, entre ellas el exministro de Salud, Marcelo Navajas, el exdirector general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Giovanni Pacheco, y el exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela.


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