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Gobierno anuncia que procesará por prevaricato al juez que ordenó la libertad de Nemesia Achacollo

En la misma línea, momentos antes de la conferencia de Melgar, el director departamental la Procuraduría en La Paz, Fabio Joffre, también calificó de ilegal la decisión del cuestionado juez.

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El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, informó este viernes que se iniciará un proceso penal en contra del juez Primero Anticorrupción de La Paz, Alan Zárate, porque ordenó que la exministra Nemesia Achacollo, procesada por los presuntos hechos de corrupción en el Fondo Indígena, deje la cárcel y cumpla sólo detención domiciliaria. 

"Iniciamos un proceso penal por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes contra el juez Alan Zárate debido a que este señor decidió otorgar esta mañana la cesación a la detención preventiva de la señora Nemesia Achacollo. Se lo hizo de manera ilegal", afirmó la aurtoridad.

En la misma línea, momentos antes de la conferencia de Melgar, el director departamental la Procuraduría en La Paz, Fabio Joffre, también calificó de ilegal la decisión del cuestionado juez.

Joffre explicó que se asumió la determinación de cesar la detención de la exministra pese a que el Tribunal Supremo de Justicia suspendió desde marzo los plazos procesales a raíz de la cuarentena dictada para contener la propagación del coronavirus COVID-19.

El pasado 19 de junio, Zárate también determinó la detención domiciliaria del exministro de Gobierno Carlos Romero, donde se manejó el argumento que la exautoridad ya cumplió con los seis meses de detención preventiva, tal como señala la Ley de Abreviación Procesal Penal.

Melgar explicó que la defensa de Achacollo solicitó una audiencia para desvirtuar los riesgos procesales, sin embargo, al inicio de la cita, presentó un memorial para que su cliente debe ser liberada, pues se cumplió el plazo de la detención preventiva.

El juez dio curso a esa solicitud, sin previa notificación a la parte acusadora, para que pueda presentar sus objeciones. Melgar explicó que en este caso correspondía que el juez rechace la solicitud, porque fue introducida de forma ilegal, señala un reporte del periódico Bolivia.

Achacollo fue detenida el 5 de agosto de 2016 y cumplió un año en la cárcel de Miraflores de La Paz, luego, en diciembre de 2017, se dispuso su arresto domiciliario, que debía cumplir en su domicilio en Montero (Santa Cruz). Sin embrago, el 19 de diciembre de 2019, la justicia determinó revocar las medidas sustitutivas y la devolvió a prisión.

La ley 1173 de Abreviación Procesal Penal, promulgada el 3 de marzo del 2019, establece que la detención preventiva de una determinada persona solo será por un plazo de seis meses.

En ese contexto, Melgar cuestionó que el Órgano Judicial no reactivó los actos procesales de los casos que se presentaron antes de la cuarentena, lo cual está ocasionado que los sindicados estén usando ese argumento para obtener su libertad.

Liberó a exdirigentes del MAS

Zárate fue cuestionado en reiteradas oportunidades por el director general de Coordinación con los Movimientos Sociales, Rafael Quispe por su cercanía con el Movimiento Al Socialismo (MAS), tomando en cuenta que liberó a exdirigentes de ese partido.
   
El pasado 30 de enero, Zárate determinó medidas sustitutivas para el vicepresidente del MAS, Gerardo García, involucrado en el delito de robo tras ser sorprendido conduciendo un vehículo oficial sin placa, en el que trasladaba material electoral.

De igual forma, el 1 de marzo, ordenó la libertad pura y simple de la exejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Felipa Huanca, quien también es investigada por el caso Fondo Indígena. 

El 13 de mayo, otorgó la detención domiciliaria al exministro de desarrollo rural, César Cocarico, procesado por el nombramiento ilegal de un exdirector del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Por otra parte, el Consejo de la Magistratura inició un proceso disciplinario contra Alan Zárate, pues liberó a la juez Cinthya Delgadillo investigada por los delitos de consorcio de abogados y jueces e incumplimiento de deberes.


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