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Elecciones sí pero no, los vaivenes del gobierno de Áñez y Juntos

A siete días de la sanción de la ley que fija comicios hasta el 6 de septiembre, la Presidenta aún no promulgó la norma. Así, la Ley 1297, que definió la votación hasta el 2 de agosto, sigue vigente.

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Al tomar el poder, el 12 de noviembre de 2019, Jeanine Áñez dijo que va a “convocar a nuevas elecciones lo más pronto posible”. Días después, ante las divergencias políticas con sus detractores, incluso estaba dispuesta a llamar a comicios por decreto, “si Dios lo permite”. Ese ímpetu parece hacer aguas a siete meses del gobierno transitorio.

Ahora, a siete días de sancionada las modificaciones de la Ley 1297, de Postergación de Elecciones Generales 2020, en la Cámara de Senadores, la mandataria no ha dado señales de promulgar la norma, a pesar de haberla anunciado personalmente y a través del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

A iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y concertada con la mayoría de las fuerzas políticas habilitadas para los comicios, la Ley 691 establece como un tope máximo para el desarrollo de las elecciones el 6 de septiembre de este año. La norma modificó el rango inicial que había fijado la Ley 1297, que era hasta el 2 de agosto.

Aunque Juntos y Áñez había admitido el plazo, un ambiente de incertidumbre genera debate y cuestionamientos sobre la indecisión de la mandataria, que al aceptar promulgar la ley exigió que la Asamblea Legislativa le pase un informe “técnico” y “científico” sobre los argumentos de la fecha relacionados a la emergencia sanitaria en el país.

Estudio científico

Al día siguiente de sancionada la ley, Núñez se adelantó en decir que la Presidenta firmará la norma, aunque pidió al TSE y al Movimiento Al Socialismo (MAS) hacerse responsables públicamente de las eventuales consecuencias de las elecciones en la salud de los bolivianos.

Y, a pesar de haber dicho el día de Corpus Christi que acatará la disposición del TSE, al día siguiente Áñez mandó una carta a la senadora Eva Copa, como titular en ejercicio de la Asamblea Legislativa. “Le pido que me haga llegar usted el estudio médico y científico (el estudio epidemiológico) en el cual se basa su decisión y la del MAS para impulsar elecciones el 6 de septiembre”, escribió.

El 2 de junio, cuando el TSE anunció el acuerdo político para las elecciones hasta el 6 de septiembre aseguró que “Bolivia debe tener la certeza que la elección 2020 cumplirá a la vez con los exigentes estándares de integridad electoral, calidad democrática y protección sanitaria”.

Tanto el MAS como Comunidad Ciudadana (CC), que postula a Carlos Mesa, consideraron que la intención de Áñez es prorrogarse en un mandato que solo tenía el fin de convocar y presidir nuevas elecciones.

Conflicto de poderes

Con la carta a Copa, además de la exigencia al TSE plantead por Núñez, se ha generado un conflicto de poderes alertado por distintos actores políticos.

Este lunes, el MAS aclaró que a quien debería pedir un informe Áñez es al presidente del TSE, Salvado Romero, debido a que fue el órgano que rige el que sugirió la fecha. Y Copa aseguró que mientras no sea promulgada la Ley 691, la Ley 1297, que fija un plazo tope hasta el 2 de agosto, es la que estará vigente.

El expresidente y exembajador Eduardo Rodríguez Veltzé invocó el artículo 12 de la Constitución para referirse al problema. “Los órganos de poder están separados pero obligados a coordinar y cooperar en las funciones de Estado. Sólo con madurez, más diálogo y menos confrontación podrán salvar sus diferencias en democracia”, escribió el 12 de junio.



Añez tiene aún tres días más. De no promulgar la ley, el MAS dijo que Copa lo hará, como con la Ley 1297.

“De una vez por todas”

El 2 de junio, el TSE hizo conocer el acuerdo político, con el apoyo de la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica, en sentido de que las elecciones serán posibles hasta el 6 de septiembre.

Horas antes, en un comunicado que la misma Áñez publicó en sus redes sociales, decía que la alianza Juntos hace “un llamado al TSE para que defina de una vez por todas, una fecha para las siguientes elecciones presidenciales”.

“La fecha, que sea determinada por el TSE, será acatada democráticamente por nuestra alianza”, añadía el texto.

El tope sugerido por el TSE fue consignado en la Ley 691 sancionada en la Cámara de Senadores el martes 9 de junio. Solo Juntos y la alianza Creemos se oponen a las elecciones en la emergencia sanitaria.

Recursos ante el TCP

La negativa a las elecciones de parte del gobierno de Áñez, su alianza electoral y UD no es nueva. El 29 de abril, la mandataria expresó su rechazo a la ley sancionada en la Cámara de Senadores que fijaba el rango para los comicios el 2 de agosto.

Con el argumento de que importaba más la salud en este tiempo de emergencia, el entonces senador y ahora Ministro Óscar Ortiz interpuso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 1297, que fijaba un plazo de 90 días para la votación, entre el 3 de mayo y 2 de agosto.

El TCP admitió la demanda y el 29 de mayo comunicó el trámite a Copa, en su condición de titular de la Asamblea Legislativa, para la presentación de sus argumentos. La senadora tenía 15 días para cumplir con la demanda; a partir de ese trámite, el TCP debería expresar su posición dentro de 45 días, según los plazos de procedimiento.

Elecciones frustradas

El 21 de marzo, ante la aparición de los primeros casos de CONVID-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria, el TSE dispuso la suspensión excepcional del calendario electoral y abrió la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones que debía desarrollarse el 3 de mayo.

La expansión de la pandemia obligó al Gobierno a la declaratoria de sucesivas cuarentenas, que paralizaron sin fecha el proceso electoral si fecha aún, ante la negativa de Áñez de promulgar la nueva ley, de reanudación.

Las elecciones del 3 de mayo fueron convocadas previo consenso político entre el nuevo oficialismo y el MAS, con dos tercios en la Asamblea Legislativa, luego de la renuncia del otrora presidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019. Dicho acuerdo también supuso la anulación del comicios de 2019 y la ampliación del mandato de los senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.

La Razón


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