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Para el ministro de Gobierno del régimen de facto, ley aprobada por el Senado ‘es payasada’

El norma refiere que el Presidente de Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción mediante un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Tendrá una vigencia de 60 días calendario

hace 1 mese(s)

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La Cámara de Senadores aprobó una norma y desató polémica. Se trata del proyecto de ley de Estados de Excepción que da vía libre a posibles sanciones a la Policía Bolivia y a las Fuerzas Armadas en caso de vulneración de los derechos humanos.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anticipó que trabajará en determinar si es o no legal esa norma, sin embargo ya anticipó que ni la institución del orden ni la castrenses “van a prestarse a esa payasada”.

La noche de este miércoles fue aprobada la norma en el pleno de Senadores, controlado por la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS), y ahora pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento y aprobación.

De acuerdo a la iniciativa legal, el Gobierno podrá declarar un estado de excepción por conmoción interna, desastre natural y peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas. No se consideran causales a las movilizaciones sociales o las dificultades financieras.

La presidenta del Senado, Eva Copa, afirmó que lo que se busca es regular la función que cumple la Policía y las Fuerzas Armadas en esas circunstancias.

“Este proyecto de ley, básicamente el artículo 139 de la Constitución, nos da la base para regular a los estados de excepción. Si en algún momento se llegara a presentar, el tema del uso de los agentes químicos, de la represión a la población y cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y la Policía boliviana”, sostuvo.

El Presidente de Estado, según la norma, tendrá la potestad de declarar el Estado Excepción mediante un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros. Estará en vigencia un máximo de 60 días calendario. Solo podrá declararse otro, previa autorización de la Asamblea Legislativa.



De acuerdo con el parágrafo II, del artículo 8, el decreto de declaratoria debe demostrar los motivos por los cuales se impone las limitaciones de los derechos y garantías “mostrando la relación de ‘conexitud’ con las causas de la amenaza externa, conmoción interna o de desastre natural y los motivos por los cuales se hacen necesarios”.

Murillo afirmó que los dos tercios que tiene el MAS en la Asamblea Legislativa solo son para tratar de “desestabilizar el país” y la ley de excepción es para que no pueda actuar la Policía y las Fuerzas Armadas “Quieren dejar al país en la indefensión”, dijo.

“Yo les aseguro que nosotros vamos a hacer respetar los derechos de los 11 millones de bolivianos, no vamos a prestarnos a eso; obviamente, ya estamos trabajando en el tema legal, pero pueden estar seguros que ni Policía Nacional ni Fuerzas Armadas se van a prestar a esa payasada”, respondió, consultado al respecto.

Los servidores públicos, civiles, militares y policiales son los responsables de los actos que emanen de las órdenes que impartan y las acciones que realicen en ejecución del estado de excepción, se lee en el parágrafo I del artículo 13.

“Cualquier servidor público, civil, militar o policial que actúe violando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, pretendiendo ampararse en el estado de excepción, será procesado y sancionado, administrativa, civil y penalmente”, señala el parágrafo II.

Mientras que el parágrafo III añade: “La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de responsabilidad a quienes las ejecuten”.

La Asamblea Legislativa podrá “modificar o dar por finalizado” el estado excepción “en cualquier momento de su vigencia”, de acuerdo con el artículo 15, y tras dos días de su conclusión, el Órgano Ejecutivo deberá presentar, a esa misma instancia, un informe detallado de lo ocurrido.


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