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El fiscal departamental de Cochabamba, Eduardo Terrazas, señaló que la comisión de fiscales asignada al denominado caso comida en el que se investiga al alcalde José María Leyes apeló la detención domiciliaria que dispuso el juez anticorrupción Richard Rodríguez y negó persecución en contra de la autoridad edil.

Asimismo, Terrazas señaló que los fiscales actuaron en base a las normas y sin excesos contra Leyes y los tres funcionarios que fueron denunciados por la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de 488 mil bolivianos para la provisión de más de 34 mil raciones para los policías y militares que resguardaron las calles de la ciudad durante la pandemia de la Covid-19.

La comisión de fiscales acompañó a Terrazas en una conferencia de prensa y anunció que la investigación continuará en el marco del debido proceso en contra del Alcalde, quien enfrenta otros casos por presunta corrupción como la compra irregular de mochilas.

Rechazan persecución

“Se ha dicho que existiría un número significativo de fiscales en persecución del Alcalde, queremos aclarar que eso no es cierto. La comisión de fiscales que dio inicio a la investigación asistió a una audiencia en El Alto, luego en La Paz y tuvo que aislarse por recomendación médica”, informó Terrazas.

Añadió: “No ha existido ninguna vulneración ni violación al debido proceso como han indicado algunos”. Explicó: “Todos los incidentes que han sido planteados por la defensa de Leyes han sido resueltos por la única autoridad competente, es decir, por el juez cautelar”.

Anteriormente el abogado defensor del Alcalde, Jimmy Almanza y el representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, señalaron que hubieron excesos en la “aprehensión ilegal” de la autoridad edil y otros funcionarios.

Disposición

En este proceso, el juez anticorrupción dispuso la detención domiciliaria con derecho al trabajo del Alcalde, además de su arraigo y la prohibición de acercarse a los otros implicados y testigos.

En tanto, dos funcionarios, el secretario General, Elías Vásquez y el jefe jurídico de dirección de Contrataciones, Mario Querejazu, tienen arraigo y una fianza de 150 mil bolivianos. Mientras, el secretario de Protección al Ciudadano, Omar Cordero se defenderá en libertad.////