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Defensa Pública gestionó la libertad de 26 personas para evitar el contagio del Covid-19 y reducir el hacinamiento carcelario

Las personas beneficiarias deben ser o mayores de 58 años, o estar en estado de gestación y no haber cometido delitos de feminicidio, infanticidio ni asesinato. 

hace 4 mese(s)

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En el marco de la lucha contra el contagio y la propagación del COVID-19, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en coordinación con Régimen Penitenciario, gestionó la amnistía e indulto  para 26 personas a nivel nacional -en el marco del D.S. 4226  de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y de emergencia sanitaria nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus (Covid-19)-  con el fin de que Personas Privadas de Libertad (PPL) que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en grupos de riesgo recuperen su libertad y así también se contribuya con la reducción del hacinamiento carcelario en los centros penitenciarios de todo el país.

“El SEPDEP, a través de orientación, asesoramiento y patrocinio legal gratuito, presentó 152 carpetas a Régimen Penitenciario -69 trámites de indulto y 83 de amnistía- a través de los cuales 26 PPL ya han recobrado su libertad. 348 carpetas se encuentran con inicio de trámite y se espera que en las próximas horas más personas sean liberadas”, puntualizó Wilma Blazz, directora nacional del SEPDEP.

Asimismo, la autoridad se refirió a las PPL que están siendo beneficiadas. “Las y los solicitantes de indulto o amnistía deben ser mayores a 58 años, mujeres en etapa de gestación, o que estén bajo la tutela de infantes lactantes o de niñas y niños de corta edad (…) Es importante recalcar que no gozarán de este beneficio quienes guarden una sentencia condenatoria por delitos graves, por ejemplo, feminicidio, infanticidio o asesinato, o quienes sean reincidentes en acciones delictivas”, explicó.



Una de las primeras beneficiarias con el indulto en Oruro, señaló Blazz, fue una joven madre que cumplía una sentencia condenatoria de 10 años de privación de libertad por el delito de tráfico de sustancias controladas “que, si bien en este caso no se cumplía con la edad promedio para ser indultada, las autoridades consideraron la importancia de que ella y su hijo lactante sean reintegrados a su entorno familiar, más aún por encontrarse dentro de un grupo vulnerable ante la crisis sanitaria”, dijo.

"Agradezco mucho por esta noticia que me han dado hoy (ayer). Estoy muy emocionada y doy gracias al Ministro de Justicia y los abogados que trabajan en Defensa Pública", expresó la beneficiaria desde Oruro.

El SEPDEP es una institución descentralizada del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI) que presta servicios de defensa penal técnica gratuita, consagrando el derecho fundamental a la defensa como una expresión de justicia, basada en los principios, garantías, valores, fundada en la pluralidad y pluralismo jurídico, conforme lo establecen la Constitución Política del Estado (CPE) y los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos.
 


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