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Advierten que decreto que penaliza la "desinformación" vulnera la Constitución

El exmagistrado Baldivieso y el activista Albarracín coincidieron que el Gobierno no tiene competencias para limitar y restringir derechos.

hace 4 mese(s)

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El exmagistrado del Tribunal Constitucional, Marco Baldivieso y el activista de derechos humanos, Franco Albarracín, advirtieron este lunes que el decreto supremo 4231 vulnera la Constitución Política del Estado, la disposición establece que las personas que inciten al incumplimiento de la norma o difundan información que afecte la salud pública y genere incertidumbre en la población serán denunciadas ante el Ministerio Público.

El gobierno de la presidenta Jeanine Añez aprobó este pasado 7 de mayo el decreto que en su disposición adicional modifica los decretos supremos 4199 y 4200 con el siguiente texto: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o de cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Baldivieso y Albarracín coincidieron que el Órgano Ejecutivo “no tiene competencias, ni facultades para limitar o restringir derechos constitucionales”, porque el artículo 109 de la Constitución Política del Estado establece claramente el “principio de reserva legal”.

El exmagistrado precisó que cualquier limitación o restricción a los derechos humanos debe nacer mediante ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no en el Ejecutivo, como pretende establecer el Gobierno, el de restringir derechos fundamentales ligados a la libertad de prensa, de expresión e información.

Albarracín miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, en la misma línea, preguntó ¿Estos artículos están conforme a la Constitución y a los tratados internacionales?, la respuesta es simple: no, para nada, desde ninguna perspectiva”.

Detalló que si bien es posible restringir o limitar derechos, éstos deben enmarcarse en los estándares internacionales de derechos humanos, como en el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Acotó que es preocupante que el Gobierno de transición de manera recurrente use los decretos supremos “bajo la excusa de combatir la desinformación, para entrar en una lógica de persecución política, esto nos debería preocupar a todos”, dijo.



Baldivieso insistió que es una disposición que no se enmarca de acuerdo a la Constitución”, porque Bolivia se circunscribe en un estado democrático y de derecho, por lo que es fundamental garantizar la libertad de expresión de todos los ciudadanos

“No se puede limitar el acceso a la información o prácticamente prohibir a los ciudadanos estar expresarnos y emitir opiniones libremente”, bajo el argumento de precautelar la salud y la vida de la población, no obstante, “no creo que con la libertad de expresión se atente contra la salud”, sostuvo.

Explicó que para establecer restricciones en materia de derechos, el Gobierno lo debe hacer de manera “legal y legítima”, en el marco de las garantías constitucionales, derechos humanos y en cumplimiento del test de proporcionalidad, es decir, que las restricciones pueden ser a través de una ley.

Sin embargo, la ley que pretende limitar derechos debe cumplir requisitos como el principio de legitimidad, debe existir un fin legítimo, algo que protege la propia libertad de expresión, asimismo, tiene que ser necesaria, es decir, que hay una necesidad mayor al bien establecido.

En este caso, “ni siquiera se cumple el primero” que exige la Convención Americana, observa Albarracín, al afirmar que la norma puede ser sometida a una consulta de constitucionalidad. 

El activista cuestionó las razones por las que el Gobierno “está con tanta libertad para emitir normas” que apuntan a limitar derechos durante la pandemia del coronavirus y en ese marco sostiene que existe una “especie de estado de excepción atípico”, porque hay un “limbo jurídico”.

Citó que si bien existe desinformación que se genera desde diferentes sectores y ciudadanos comunes, hay estrategias para hacer frente a las noticias falsas, sin que esto represente una “persecución”.////


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