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Arce Catacora, destaca la labor de los periodistas como garantía de la democracia y del derecho a la información

La política del terror fue iniciada por la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien amenazó con procesos penales a periodistas nacionales y extranjeros que cubrían los conflictos sociales registrados en el país tras el golpe de Estado

hace 5 mese(s)

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El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Luis Arce Catacora, felicitó el domingo a los periodistas bolivianos en su día, que se celebra cada 10 de mayo, y aseguró que su labor es una garantía de la democracias y del derecho a la información oportuna y veraz, a pesar de la criminalización de la libertad de expresión por parte del gobierno de facto.

“Quiero rendir mi homenaje a los periodistas, quienes ejercen un trabajo sacrificado y comprometido para mantener informada a la población. El periodismo es uno de los pilares fundamentales de la democracia, el cual debe ser protegido por el Estado y la sociedad civil, caso contrario se estaría vulnerando el derecho a la información y a la libre expresión”, manifestó.

El 10 de mayo se conmemora en todo el territorio nacional el Día del Periodista, en reconocimiento de quienes son testigos presenciales de acontecimientos trascendentales plasmados en las páginas de los periódicos, medios audiovisuales y medios digitales, que permiten conocer a cabalidad la magnitud de los sucesos.

En ese marco, Arce recordó que durante el Proceso de Cambio, el gobierno del MAS-IPSP reconoció el aporte fundamental de los periodistas a la democracia, mediante la promulgación de normas para mejorar sus condiciones de trabajo y la atención de sus demandas, tales como el acceso a viviendas y la construcción de sedes sindicales, entre otros.

El 10 de diciembre de 2012, el Gobierno puso en vigencia la Ley 315 que establece un seguro de vida para los trabajadores de los medios de comunicación, como homenaje a los hermanos periodistas Verónica y Víctor Hugo Peñasco, asesinados en febrero de ese año en la ciudad de El Alto.

Otra norma que favorece al sector es el Decreto Supremo 1151, que garantiza el transporte nocturno para quienes desempeñan funciones en los medios de comunicación.



También se aprobó el Decreto Supremo 135 que establece el pago de un bono de transporte para periodistas equivalente a diez pasajes de transporte público por día, a fin de compensar los gastos erogados para el cumplimiento de las coberturas periodísticas.

“El trabajo de los periodistas fue valorado y reconocido como un aporte fundamental en la lucha por la democracia, lo que posibilitó la consolidación del Proceso de Cambio y la construcción de una nueva Bolivia inclusiva y garantista de la libertad de expresión, contrario a la política de persecución del gobierno de facto”, señaló Arce.

En los últimos seis meses, tras la toma del poder por parte de la autoproclamada Jeanine Añez, se reportó una serie de vulneraciones al trabajo de la prensa y violaciones a la libertad de expresión, bajo el pretexto de una presunta sedición que es castigada con la persecución gubernamental.

La política del terror fue iniciada por la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien amenazó con procesos penales a periodistas nacionales y extranjeros que cubrían los conflictos sociales registrados en el país tras el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales.

La arremetida contra los periodistas y los medios de comunicación prosiguió con el cierre de más de 50 radios comunitarias en todo el país, en un franco atentado contra la difusión de la cultura de los pueblos indígenas y la transmisión de la información que se registra en las comunidades.

El cierre de los medios de comunicación, repercutió en masivos despidos de los trabajadores de la prensa, hecho que ahonda la crisis económica registrada en los últimos meses por la improvisación de políticas para afrontar la pandemia del coronavirus.

Hasta la fecha, el gobierno de facto insiste en procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas para hacer frente a la pandemia, lo que generó una ola de críticas por amenazar la libertad de expresión.////


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