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CIDH insta al Estado investigar crímenes contra actividad periodística y libertad de expresión

La Relatoría Especial ha registrado la falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación”, señala parte del informe.

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El Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado boliviano a investigar los crímenes contra la libertad de expresión y la actividad periodística ocurridos entre octubre y noviembre de 2019, durante la crisis política que atravesó Bolivia en el marco de las elecciones generales y post electorales.

“La Relatoría Especial insta al Estado de Bolivia a investigar de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad, esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con su actividad como comunicadores”, señala el informe del relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza.

Agrega que es fundamental que las autoridades investiguen estos hechos sin descartar la hipótesis del vínculo con la actividad periodística y la libertad de expresión.

El informe hace un recuento de las denuncias surgidas en ese periodo y que involucran a la actividad periodística. Las vulneraciones vienen de parte del gobierno de turno Movimiento Al Socialismo (MAS), de los movimientos cívicos y protestas sociales contra el MAS y de las organizaciones que defienden al régimen.

“La Relatoría Especial ha registrado la falta de garantía y seguridad para el trabajo de periodistas, comunicadores populares y medios de comunicación”, señala parte del informe.

La Relatoría Especial contabilizó alrededor de 70 periodistas y comunicadores populares que habrían sido agredidos de alrededor de 25 medios de comunicación nacional e internacional, las cuales habrían sido originados tanto por parte de algunos manifestantes violentos que apoyaban el paro cívico desde el movimiento denominado “Pititas”; de movimientos violentos de simpatizantes del exgobierno de Evo Morales, como también por el excesivo uso de la fuerza en las tareas conjuntas de la Policía Nacional y las FFAA. 

Entre las principales vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho al acceso a información pública registradas, la Relatoría identificó el posible asesinato del periodista Sebastián Moro, agresiones tales como insultos y golpes, además del uso de dinamita, incautación de instrumentos de trabajo, declaraciones estigmatizantes, censura, obstaculización de coberturas y campañas de doxing, desinformación deliberada y el uso del marco jurídico a través de tipos penales como “sedición” y “terrorismo” utilizados no solamente para perseguir, sino también para silenciar a periodistas y comunicadores populares que denunciaban vulneraciones al ejercicio de sus derechos fundamentales. 

“Diferentes medios de comunicación denunciaron que dejaron de hacer coberturas a ciertas manifestaciones y temáticas alegando falta de protección, seguridad y garantías para el desarrollo de su actividad periodística por parte del Estado”, señala el informe.

Recuento de algunos casos

La Relatoría recibió denuncias sobre ataques a reporteros del periódico El Deber, La Razón, Página Siete, Los Tiempos, Opinión, Prensa Rural, Agencia de Noticias Fides (ANF) y de los canales de televisión, ATB, UNITEL, Gigavisión, Red Uno, Bolivisión, PAT, Tele C y Abya Yala, de las radios Pio XII, Erbol, Radio Patria Nueva, Radio Kawsachun Coca, Radio San Simón y Radio Ichilo, entre otras.



Cobran relevancia, por su grado de violencia, los ataques hacia el fotoperiodista Miguel Carrasco de La Razón, quien recibió una pedrada en la cabeza, que le dejó con nueve puntos, cuando realizaba la cobertura de enfrentamientos entre manifestantes. Algo similar le habría ocurrido al periodista Crisólogo Alemán, que acompañaba a la caravana de manifestantes del departamento de Potosí, quienes se dirigían hacia La Paz para exigir la renuncia a Morales.

Alemán denunció que fueron emboscados y agredidos en la región de Vila Vila, donde habría recibido un golpe que le ocasionó una herida en la frente. Asimismo, comunicadores populares denunciaron agresiones por parte de algunos manifestantes violentos, quienes habrían obstaculizado la libre movilidad de periodistas y comunicadores populares, entre otros ciudadanos. 

El expresidente de la ANP y director de contenidos del Grupo El Deber, Juan Carlos Rocha, denunció golpes cuando intentaba hacer la cobertura de un bloqueo –dentro del paro cívico- en Santa Cruz. 

Asimismo, se ha reportado, el 5 de noviembre, la retención de varios periodistas en El Alto, cuando manifestantes rodearon el aeropuerto impidiendo la salida del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien se dirigía a La Paz para entregarle una carta al entonces primer mandatario solicitándole su renuncia. 

Cobran relevancia los ataques perpetrados contra mujeres periodistas como, por ejemplo, hacia la reportera de Red Uno, María José Mollinedo, quien fue amenazada con quemarla y la amedrentaron con insultos en razón de su género cuando realizaba coberturas de protestas durante el paro cívico en La Paz; “Prostituta de Evo”, “Vendida”, fueron las calificaciones expresadas y documentadas. 

Del mismo medio de comunicación es la periodista Carla Pabón, quien fue retenida, amenazada y golpeada por un grupo de médicos movilizados. La periodista Raiza Flores y su camarógrafo, fueron agredidos por manifestantes en El Alto, que los habrían golpeado e insultado: “Me gritaron palabras groseras, pese a que les expliqué de buena forma que saldríamos en vivo a nivel nacional para mostrar tal cual estaba pasando”, contó. 

En esta misma línea, se encuentra lo sucedido con la periodista de UNITEL, Helga Velasco, y la presentadora de televisión de Red Uno, Ximena Zalzer, quien habría sido agredida por vecinos que apoyaban el paro cívico en el barrio Las Palmas en Santa Cruz. Asimismo, la periodista del sitio Guardiana, Miriam Jemio, habría sido amedrentada y atacada con insultos, mientras realizaba la cobertura del paro cívico en La Paz. 

Según información de público conocimiento, la ANP y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) exigieron, mediante un pronunciamiento conjunto, garantías para el trabajo de la periodista de Televisión Universitaria de Canal 13, Ximena Galarza, denunciando que habría sido amenazada tras una entrevista. 

El 6 de noviembre fue señalado como una de las jornadas más violentas de la crisis post electoral, cuando miembros del grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC) atacaron, en motocicletas y armados, a personas de movimientos sociales indígena-campesinos, quienes se encontraban en vigilia en la población de Vinto (en las afueras de Cochabamba). 

La Relatoría también recibió denuncias que indicarían que el grupo violento sería promovido por autoridades cívicas regionales, quienes presuntamente con apoyo de la Policía, amedrentarían a seguidores, dirigentes y autoridades del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS). En esta línea se encuentran las agresiones hacia la periodista de Los Tiempos, Cristina Cotari, quien fue obligada a dejar de grabar mientras realizaba la cobertura de los ya mencionados enfrentamientos. 


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