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El gobierno de facto en Bolivia y sus crímenes contra la humanidad

El amotinamiento de fuerzas policiales en todo el país y las FFAA acuarteladas dieron pie a una campaña de terror en contra del “masismo”, cuyos miembros fueron amenazados, secuestrados, torturados

hace 1 mese(s)

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Desde las elecciones del 20 de octubre de 2019, Bolivia atraviesa la peor crisis política de su historia. El Tribunal Electoral confirmó la victoria de Evo Morales por un 47,08% de los votos emitidos con una diferencia mayor al 10% (648.180 votos) sobre el candidato Carlos Mesa por lo que fue suficiente para ganar las elecciones en primera vuelta.

La primera afirmación de fraude por parte de la OEA desencadenó violencia de parte de los grupos de choque de la oposición que quemó los tribunales electorales departamentales y sedes del partido Movimiento Al Socialismo MAS-IPSP. Muchas autoridades como la alcaldesa de Vinto en Cochabamba Patricia Arce, el ex viceministro de interculturalidades Feliciano Vegamonte, el presidente de la cámara de diputados Víctor Borda, el ministro de minería César Navarro y sus familias fueron secuestrados y brutalmente agredidos obligándolos a renunciar a sus cargos.

El amotinamiento de fuerzas policiales en todo el país y las FFAA acuarteladas dieron pie a una campaña de terror en contra del “masismo”, cuyos miembros fueron amenazados, secuestrados, torturados, sus domicilios particulares quemados en un ambiente de total impunidad, obligándolos a la renuncia en el caso de ser autoridades como la alcaldesa de Vinto en Cochabamba.

Con la sugerencia de renuncia del Presidente Evo Morales realizado por el comandante de las FFAA, el 10 de noviembre se vio obligado a dimitir argumentando con ello que esa decisión pondría alto a la violencia de la oposición y sus grupos de choque y paramilitares (motoqueros).

Consumado el golpe con la renuncia de Evo Morales, se desató la represión de los grupos paramilitares apoyados por la Policía y las FFAA, calificando a los manifestantes que defendían al gobierno de “turbas”, “vándalos”, “radicales” o “delincuentes”. Las redes sociales y la mayoritaria y casi hegemónica prensa privada sostuvieron una campaña de propaganda a favor del golpe de estado.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, el principal líder de las bandas paramilitares amenazó a los “masistas”, autoridades de gobierno y empresarios de Santa Cruz simpatizantes del Gobierno de Evo Morales, con tener preparada una lista de traidores a los que se eliminaría al estilo de Pablo Escobar en Colombia.

La oposición al gobierno del Presidente Evo Morales, conformó milicias armadas que contaron con el apoyo abierto de la Policía boliviana. Grupos como la Unión Juvenil Cruceñista, definida por la Federación Internacional de Derechos Humanos como “grupo paramilitar fascista”, fueron los principales ejecutores de la represión.

Se asaltaron y destruyeron los medios de comunicación de las organizaciones campesinas como la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), cuyo director, José Aramayo, fue amarrado a un árbol y torturado, así como la de las organizaciones sociales de base como las radios comunitarias (RPOs), o BTv, el canal de televisión estatal. Al ser señalados como partidarios del gobierno, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de servicio público fueron atacados, humillados e impedidos de trabajar.

Mediante redes sociales circuló un listado de lugares para bloquear que incluye las sedes de ministerios y otras instituciones estatales, residencias de funcionarios gubernamentales y las misiones diplomáticas de Cuba y Venezuela. A raíz de acusaciones falaces, grupos violentos iniciaron el hostigamiento permanente de dichas Embajadas y la persecución constante a su personal diplomático, hasta lograr que este salga del país. Estas acciones violentas vulneran el derecho internacional, la Convención de Viena y otros tratados internacionales.

Como pudieron verificar los organismos de DDHH que vinieron al país, el 15 de noviembre, una marcha de campesinos de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba fue balaceado en Sacaba con 9 víctimas mortales y decenas de heridos. A través de videos grabados por los propios campesinos se pudo evidenciar el uso de armamento de guerra. Las FFAA actuaron ese día, amparados en el DS N°4078 que les permitía el uso de armamento bélico sin responsabilidades posteriores.

Lo mismo pasó en Senkata, El Alto, provocando la muerte de al menos 10 personas y decenas de heridos cinco días después. Las fuerzas represoras conformadas por la Policía y las FFAA indicaron que actuaron en contra de “terroristas”, que querían provocar una explosión de la planta de gas. Los movimientos sociales, antiguos miembros del gobierno, campesinos e indígenas que se manifestaban en contra del golpe de estado son asesinados, el total de las víctimas asciende a 35 muertos y más de 800 heridos.

El 25 de noviembre miembros del brazo paramilitar del gobierno de facto ocuparon la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz para quemar sus equipos y documentación. Estas operaciones continúan hasta el día de hoy. El viernes 17 de enero se informó de la eliminación de las antenas de la Empresa ENTEL en varias provincias rurales que proveía de los servicios de acceso a comunicación celular y radiofónica.

El 6 de diciembre, el gobierno de facto, aprobó el DS N°4100 cuyo objeto era el de indemnizar a los familiares de los 35 fallecidos y centenares de heridos por la represión policial y militar, con la condición a que renunciaran a llevar el caso a las Naciones Unidas u otros organismos de derechos humanos.

Al respecto, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) expresó su preocupación ante el decreto, por incluir una cláusula que imposibilitaría el recurso de las víctimas a instancias internacionales para denunciar los crímenes de los que fueron víctimas violando tratados internacionales como el Tratado de Roma que prevé el principio de imprescriptibilidad en materia de crímenes contra la humanidad. La Misión de observación de la CIDH, que recogió numerosos testimonios de las masacres de Sacaba y Senkata, denunció que en Bolivia no existe “ninguna garantía de independencia del poder judicial”

La persecución, las detenciones arbitrarias, las amenazas de muerte contra ex autoridades del gobierno de Evo Morales, así como a dirigentes de organizaciones sociales y del MAS han sido cotidianas. Es evidente la judicialización de la protesta social y de la libertad de expresión (Incendios de casas, linchamientos, ataques racistas, etc.).

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, también ha sufrido hostigamiento, principalmente en la ciudad de Cochabamba, tanto en las oficinas de dicha entidad así como en los domicilios privados de sus representantes y sus familias Por otra parte, el permanente hostigamiento a la embajada y residencia de México, viola todas las convenciones y acuerdos internacionales que protegen a las representaciones diplomáticas de los diferentes países. La no emisión de salvoconductos para personas que solicitaron asilo político, que además fue otorgado por dicho país, es una flagrante violación de los derechos humanos y políticos de las personas.

Cabe destacar la persecución de altos funcionarios del gobierno de Morales asilados en la embajada de México en La Paz y a quienes se les niega la emisión de un salvoconducto para que puedan abandonar el país como el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el ex ministro Hugo Moldiz; la ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador de Oruro Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico Nicolás Laguna; el ministro de Defensa Javier Zavaleta; el ministro de Justicia Héctor Arce, el de Minería César Navarro entre otros.

Es evidente que las acusaciones en contra de las ex autoridades son parte de una estrategia de persecución político-judicial, denominada “Lawfare”, que pretende anular la participación política del MAS-IPSP en las próximas elecciones programadas para el 3 de mayo.

El ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, afirmó que iría de “cacería” contra miembros del gobierno destituido y del MAS. Hizo pública su intención de llevar a Evo Morales ante la Corte Penal Internacional de La Haya “por crímenes de lesa humanidad”, culpándole de las 35 víctimas mortales, incluso después de su dimisión y exilio del país. Las masacres de Senkata, Sacaba, Huayllani, Ovejuyo, etc., fueron documentadas por diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos y por países amigos. La información de primera mano levantada por éstas da testimonio de la brutalidad del golpe de estado en Bolivia.



El uso de adjetivos agraviantes y denigrantes por su contenido discriminador es frecuente de parte del gobierno de facto como el hecho de referirse como “salvajes”, “narcoterroristas”, “vándalos”, “delincuentes”, etc., en contra de los miembros del gobierno de Evo Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan, así como a las misiones internacionales de observación de derechos humanos, a la defensoría del pueblo e incluso a los periodistas, tildándolos de “guerreros digitales” o “terroristas informáticos”.

Murillo, celebra y se ufana del miedo sembrado en la gente por la “pacificación” a través de la brutalidad policial/militar en contra de la subversión de las “hordas indígenas y masistas”. Se “matan entre ellos”, “No toleraremos terroristas ni sediciosos, los estamos vigilando”, afirma.

El gobierno de facto impuesto por la violencia de los grupos paramilitares y policiales, así como por las FFAA, eliminó derechos fundamentales a la protesta y al derecho al voto que fue desconocido por las élites que ahora gobiernan el país como lo había hecho durante los 180 años de la República colonial y excluyente.

El gobierno de facto ha militarizado el país y reprimido cualquier tipo de protesta haciendo demostraciones de fuerza con militares y armas de guerra en las calles de las principales ciudades de Bolivia.

El argumento y la apelación a la amenaza terrorista, la denuncia de la existencia de núcleos subversivos o grupos sediciosos armados masistas justifican la necesidad de crear Unidades Especiales de la Policía para la lucha antiterrorista asesorada por el gobierno de Israel como afirma el mismo ministro de facto Murillo. Es la justificación para más violencia y brutalidad represiva estatal.

Se asegura la existencia de actividades sediciosas y terroristas para justificar la represión, se otorga impunidad a las fuerzas militares para masacrar indígenas, se militariza el país y se hace demostraciones de fuerza con el uso de armas de guerra.

La sistemática violación de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y garantías individuales es resultado evidente de la existencia de un régimen dictatorial impuesto por un golpe cívico, policial y militar.

Liquidar toda fuente de información independiente es parte de la estrategia de implementar un cerco mediático

Los organismos de derechos humanos de todo el mundo, deben presionar para que cesen la persecución política y la represión encabezadas por las bandas paramilitares protegidas por la Policía y las FFAA.

Por lo antes expuesto:

Condenamos el golpe de estado ejecutado y financiado por fuerzas de la derecha boliviana antidemocrática y otras fuerzas foráneas que pretenden recuperar el control de los importantes recursos naturales del país como el Litio y el Gas.

Condenamos enérgicamente los mensajes de odio y racismo, así como la violencia extrema perpetrada por los partidarios de la derecha radical antidemocrática contra los pueblos indígenas, campesinos.

Condenamos contundentemente el “Lawfare” del gobierno de facto que ha desplegado una maquinaria perversa de persecución política mediante un continuo linchamiento mediático, invención de causas judiciales y violación permanente de toda convención, norma internacional y constitucional de Bolivia.

Exhortamos a las FFAA y la Policía Nacional de Bolivia a velar y resguardar, ante todo, la vida y la dignidad de cada persona que se encuentre en territorio boliviano, sea cual sea su afinidad política o nacionalidad, así como a respetar la inmunidad de las representaciones diplomáticas y proteger sus funcionarios, asilados e instalaciones.

Pedimos a la Comisión de DD.HH. de la ONU que en base a los informes, investigaciones y testimonios de la CIDH, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y otras organizaciones de DD.HH. que inequívocamente condene la violación sistemática de los derechos ciudadanos, la brutal represión, los asesinatos y todos los demás atropellos de perpetrados por el gobierno de facto, hechos sobre los cuales urgentemente elabore un informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas para que condenen este golpe violento, así como las violaciones cotidianas que conculcan todas las libertades individuales, sociales, jurídicas, culturales y políticas de las grandes mayorías.

Instamos también a seguir denunciando este golpe de estado perpetrado ante todos los organismos internacionales, la prensa y las autoridades de todos los Estados del mundo.

¡NO AL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA!

¡NO A LA MILITARIZACIÓN EN BOLIVIA!


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