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Lourdes Alba: "La UMSA recibió 10 solicitudes para verificar legalidad de títulos"

hace 4 mese(s)

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La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) recibió en lo que va de esta gestión 10 solicitudes de instituciones públicas y privadas, para verificar la legalidad de títulos de bachiller y en provisión nacional emitidos por esa casa de estudios superiores, informó el viernes la asesora jurídica Lourdes Alba. 

"Hasta la fecha tenemos 10 instituciones entre públicas y privadas, como el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, la Escuela Militar de Ingeniería, la empresa Quipus, Colegio del Instituto Americano de Cochabamba, entre otras, que han solicitado la verificación de títulos en este año", indicó en entrevista con la ABI.

Alba explicó que los casos más relevantes son el de la EMI, institución que presentó su denuncia ante las instancias judiciales y le asignaron un fiscal e investigador, pero el denunciado no se presentó a declarar, por lo que se espera que el Ministerio Público emita un pronunciamiento en los siguientes días.

La asesora jurídica indicó que otro caso se registró en Cochabamba en el que la UMSA tiene que presentarse para proseguir con la investigación; mientras que en el departamento de Pando se ha emitido toda la información vía "courier" y en los siguientes días se apersonarán para realizar el seguimiento correspondiente.

En los otros casos dijo que aún están en proceso de solicitar la información pertinente para evaluar las acciones legales que se asumirán.

Por otra parte, señaló que, en el caso de los 11 funcionarios del Ministerio de Defensa que fueron investigados, 10 habrían incurrido en el delito de uso de instrumento falsificado al presentar un título de bachiller falso y uno un título en provisión nacional también falso.

Manifestó que la UMSA se encuentra a la espera de que se asigne al fiscal que se hará cargo de la investigación, en la que tanto esa casa de estudios superiores y el Ministerio de Defensa serán parte querellante.

Recordó que las penas por el uso de instrumento falsificado van de uno a seis años de privación de libertad, pero en ese caso existe una agravante porque se trata de funcionarios que estaban en el ejercicio de funciones por lo que la sanción va de dos a ocho años de cárcel.


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